En nuestros momentos más importantes como empresa, antes que meramente celebrar, siempre hemos preferido trabajar para dejar un mensaje de valor, generar un impacto positivo, en nuestros colaboradores, nuestros clientes, y, especialmente, en la sociedad dominicana. Arribar a nuestro 50 Aniversario nos generó profundas reflexiones sobre nuestro legado, esa necesidad natural e imperiosa de trascender, de dejar evidencia de nuestro compromiso con esta sociedad a la que tanto debemos.

Partiendo de esta premisa, analizar y meditar sobre las complicaciones que nos generó la reciente pandemia, la cual puso de rodillas al mundo en un abrir y cerrar de ojos, nos develó una realidad irrebatible que validó nuestra decisión de invertir nuestros mejores esfuerzos para lograr un “reset” en la actitud de los líderes, de los ciudadanos de la República Dominicana frente a los riesgos que enfrentamos debido a nuestra ubicación geográfica y a las fallas tectónicas que atraviesan nuestro territorio.

Es válido recordar que durante la pandemia, todos los países estábamos condenados a los efectos del virus y al enfoque total en los controles necesarios. Nadie estaba en condiciones de aprovecharse o sacar ventaja de la situación adversa del otro, pues todos estábamos bajo la misma amenaza. Sin embargo, debemos hacer conciencia de que éste no sería el caso si sufriéramos los embates de un huracán categoría 5, como le pasó a Puerto Rico con María en el 2017, o si se registrara en nuestra parte de la isla un sismo de magnitud 7.0, o mayor, como sucedió en Haití en el 2010. Durante el período de recuperación correspondiente, sin lugar a dudas, el flujo del turismo e inversiones, se desviaría hacia otros destinos, mermando los ingresos y la inversión, además de las cuantiosas pérdidas materiales, de vidas, y gastos colaterales. En otras palabras, sin un plan de financiamiento y de recuperación ante desastres, exponemos al país al riesgo de un retroceso económico que pondría en juego el desarrollo sostenible de nuestra economía.

La economía de la República Dominicana ha estado en una espiral ascendente de crecimiento por más de 25 años. Estamos acostumbrados a este tipo de titulares: República Dominicana: Entre las 10 economías con mayor mejora para hacer negocios – RD, Un imán para la inversión extranjera – RD tiene la octava economía más grande en América Latina y la primera de Centroamérica y el Caribe – Conep propone a empresarios ayudar a duplicar el PIB de la RD para 2030 – Ministro de la Presidencia Ve posible duplicar economía para 2030, titulares, que no son más que el reflejo de que definitivamente somos una nación en franco desarrollo. En Ros, al ver este panorama y mirar al futuro, desde la óptica del administrador de riesgos, nos preocupa que todos esos planes maravillosos, con toda la inversión de capital y tiempo correspondientes, pudieran verse frustrados con el mero paso de un huracán de alta envergadura, o por la activación inesperada de una de las fallas tectónicas latentes en nuestro territorio. Los desastres naturales suelen desencadenar crisis y los impactos económicos y financieros que traen consigo tienen el potencial de eliminar los logros que en materia de desarrollo a los países les llevó años conseguir. Por otro lado, ocupamos posiciones de riesgo, que igualmente son motivo de grandes titulares, a las que no debemos seguir dando la espalda:

La República Dominicana es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático, ocupando el lugar número 11 en el mundo según el Global Climate Risk Index - Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica que República Dominicana figura entre los países de la región con mayor vulnerabilidad al cambio climático.

Si tomamos en cuenta que además, República Dominicana depende en gran medida de actividades económicas como el turismo, la agricultura y la minería, es aún más preocupante. En comparación con las economías avanzadas, países en desarrollo como el nuestro afrontan mayores riesgos financieros y macroeconómicos y son más vulnerables en las recesiones, a causa de su menor crecimiento económico, sus mayores niveles medios de endeudamiento, la mayor debilidad de sus instituciones, sus superiores costos de endeudamiento y su mayor dependencia de los precios de los productos básicos y los tipos de cambio. Ello nos expone a riesgos de crisis de hiperinflación, crisis cambiarias y situaciones de impago de la deuda.

El seguro juega un papel fundamental en el desarrollo económico, ya que permite y promueve la actividad económica. Permite asumir riesgos que apoyen el desarrollo con la tranquilidad de estar respaldados por su protección. Hay autores que lo definen como amortiguadores frente a acontecimientos adversos y como pegamento invisible de la sociedad.

Aún así, es inconcebible que sigamos siendo uno de los países con más bajo consumo per cápita de seguros; esto es una manifestación de nuestra cultura sobre el manejo de riesgos y, precisamente, lo que entendemos debe cambiar. La industria de Seguros crece anualmente en porcentajes halagüeños. Sin embargo, tiene una muy baja penetración respecto del PIB, no superando el 1,3%, al igual que ocurre con la mayoría de los países de la región. En la 2da. parte del estudio, Roberto Despradel explica de forma detallada como estos bajos niveles de penetración de seguros catastróficos en el país pondrían al Estado dominicano en aprietos para mitigar los impactos socioeconómicos de una catástrofe de gran envergadura, cuyo único recurso sería el endeudamiento público. Sin embargo, con los actuales niveles de endeudamiento del país con su relación al PBI, las decisiones de políticas públicas serían difíciles y complejas, pues pondrían a prueba las capacidades de nuevos financiamientos junto con presiones sociales.

Es por todas estas razones que decidimos celebrar este hito desde la gratitud, poniendo a la disposición del país un estudio preparado por especialistas presentando temas que deben ser abordados, de forma integral, tanto por el gobierno como por el sector privado, para convertirnos en un país más resiliente. Un estudio que arroja una mirada clara de porqué somos vulnerables a fenómenos naturales tan devastadores como los huracanes y los terremotos, y, como imperativo, presenta soluciones viables para convertirnos en un país resiliente, con la capacidad de reponerse en un espacio de tiempo razonable a un embate de la naturaleza.

En mayo del año pasado, en un acto conmemorativo de nuestro 50 Aniversario, ante un auditorio de casi 400 personas, entre clientes, representantes de la cúpula del empresariado dominicano, proveedores, autoridades gubernamentales, incluyendo la presencia de la honorable Vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña, dimos a conocer los resultados preliminares del estudio, con la participación especial de los autores de cada capítulo. Logramos llamar la atención a un grupo selecto de tomadores de decisiones sobre esta problemática.

Con este proyecto, damos un paso al frente, como expertos en materia de riesgo y como representantes del sector privado, convencidos de que debemos ser protagonistas en la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad de nuestra economía.

En nuestras primeras indagaciones, nos topamos con un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2014, titulado, Perfil Nacional de Riesgo, en el que se hace una estimación de las potenciales pérdidas económicas causadas por eventos naturales adversos de gran magnitud, donde se hizo un ejercicio revelador con gran parte de las catástrofes más importantes ocurridas en nuestro país a lo largo de la historia, que arrojó datos escalofriantes.

Como ejemplo, de acuerdo a lo que expone el estudio, si se registrara un sismo de la magnitud del ocurrido en Santiago en 1562, las pérdidas en valores del año 2014 se estiman en 11.6 mil millones de dólares. Si nos golpeara un huracán como San Zenón, igual, a valores del 2014, las pérdidas se estiman en 14.9 mil millones de dólares. En el anexo I podrán apreciar el resumen de estos hallazgos tan relevantes, publicados en el mencionado libro.

Ante esta realidad tan contundente, enfrentamos a nuestro entender tres grandes debilidades sobre las que debemos actuar ya, entre muchas otras: la infraestructura nacional no está asegurada, esto, incluyendo las redes de distribución de energía a pesar de los miles de millones invertidos en su extensión y modernización. Asegurar las principales carreteras que conectan los polos turísticos y de abastecimiento de la producción es un imperativo para que en el caso de que nos enfrentemos a una catástrofe mayor, podamos contar rápidamente con los recursos que nos permitirán rehabilitar la conexión entre los principales puntos generadores de actividad. Lo mismo pasa con las subestaciones de todo el tendido eléctrico. No podemos darnos el lujo de esperar meses para volver a la normalidad. Otra de esas debilidades, igualmente de gran preocupación, es que, siendo conservadores, nos atrevemos a afirmar que apenas un 4% de las viviendas en nuestro país están aseguradas. Imaginen el caos, si vivimos algo parecido a lo sucedido en Haití en el 2010, o en Turquía, o en Taiwán, recientemente. Debemos trabajar como sector asegurador de la mano con la Banca para promover la cobertura de seguros más allá de la deuda contraida en el préstamo hipotecario. Es responsabilidad de todos hacer avances en este sentido para evitar lo sucedido en Chile, luego del terremoto. En el sector privado, las grandes y medianas empresas aprovechan las bondades del seguro, pero aún pueden mejorar, especialmente en la adopción de coberturas como la de lucro cesante o interrupción de negocios, que son cruciales para mantenerse a flote durante la recuperación de operaciones. Sin embargo, debemos trabajar de cerca con las pequeñas y las microempresas, que, sin tener estadísticas que lo validen, tenemos la percepción de que el nivel de aseguramiento debe ser parecido a lo que sucede con la vivienda, y, es de todos conocida, su importancia en la actividad económica nacional.

El estudio que hemos preparado es el resultado del esfuerzo de un equipo altamente calificado. Los capítulos I y II titulados Los fenómenos naturales, intensidad y vulnerabilidad en República Dominicana y Qué puede pasar si hoy se repiten el sismo de Santiago o el huracán San Zenón son de la autoría de la empresa mexicana Evaluación de Riesgos Naturales (ERN), que tiene ya más de 25 años en el mercado desarrollando estudios y herramientas de cálculo de riesgo al sector asegurador y a los gobiernos con el fin de dar certidumbre tanto del monto técnico de las primas de seguros como del monto de las reservas financieras para hacer frente a una posible catástrofe.

La investigación y elaboración de estas secciones estuvo a cargo del doctor Eduardo Reinoso, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la participación de personal de la mencionada empresa ERN. Incluye una búsqueda bibliográfica de los estudios existentes relacionados con el objeto del proyecto, particularmente los que han sido realizados por universidades e instituciones dominicanas, por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los doctores Julio Cedillo CEO de Aon Reinsurance Solutions y Eduardo Rojas, en un esfuerzo colaborativo, recogieron y contextualizaron iniciativas que se han venido desarrollando particularmente en México para dar respuesta a contingencias derivadas de desastres naturales en un trabajo que titularon Recomendaciones de buenas prácticas para la protección financiera del país y de las personas. Cuenta, además, con un análisis titulado El impacto económico y financiero de los desastres naturales en República Dominicana en el que la firma DASA, una empresa de consultoría económica, financiera y de comercio internacional, representada por el reputado economista Roberto Despradel, efectúa las proyecciones necesarias para permitirnos conocer el impacto económico que representaría en el país una catástrofe mayor.

También, atendiendo a la problemática de la falta de aseguramiento de las viviendas en nuestro país, incluimos un capítulo de la autoría de Carlos D. Nieto, Vicepresidente Técnico de Ros, con más de 35 años de experiencia en nuestro mercado, en el que delineamos las terribles consecuencias que a nivel de la población podríamos enfrentar con los niveles actuales de aseguramiento. Como parte de los anexos, incluimos la participación del licenciado Bolívar Troncoso Morales, geógrafo dominicano especializado en Exposiciones a Pérdidas Catastróficas, quien ha contribuido con las secciones La geología y la geomorfología como causantes de riesgos y desastres y La climatología y la hidrografía como generadores de desastres naturales en la República Dominicana, en las que resume la historia y las características de eventos naturales ocurridos en el país y de sus recursos hidrográficos.

El estudio concluye con una Propuesta de inversión para desastres naturales cuya realización estuvo a cargo de la reconocida firma de abogados OMG. En ella, se recogen las iniciativas con las que Ros & Asociados quiere contribuir hacia la protección frente a desastres naturales de las infraestructuras del Estado, presentando una propuesta de requerimientos de financiación para cubrir daños que pudieran ser provocados por desastres naturales, y explorando alternativas legales para responder a tales contingencias.

La República Dominicana se ha convertido en un referente mundial por la certeza y forma con la que asumió el desafío que nos impuso la pandemia. En ello jugó un papel preponderante la facilidad con la que hemos logrado hacer alianza entre los sectores público y privado, modelo que igualmente debemos utilizar para enfrentar exitosamente las consecuencias devastadoras de futuras catástrofes naturales.

Por un lado, nuestra propuesta de mecanismos viables permitiría al Estado disponer de los fondos necesarios para crear las condiciones que permitan el aseguramiento de las principales carreteras y de la distribución eléctrica, como una opción razonable para enfrentar con éxito las pérdidas que pudieran presentarse, sin castigar las arcas nacionales. De igual manera, el sector privado se compromete a crear un fideicomiso de contingencia para recaudar y canalizar recursos de forma ordenada y transparente a los sectores vulnerables que se identifiquen como damnificados.

Antes de concluir, me permito parte de este espacio para extender mi sincero agradecimiento a personas clave que nos ayudaron a dar forma a este gran sueño: Al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y su viceministro Alexis Cruz, quienes guiaron nuestros primeros pasos al iniciar las indagaciones; también, a Rafael Van der Borght del Banco Mundial, autor del Perfil Nacional de Riesgo; igualmente, a Bolívar Troncoso Morales, Director General del Instituto Geográfico Nacional, quien con mucha apertura cedió sus publicaciones sobre la Geomorfología Dominicana, que sirvieron de referencia a los investigadores y que aparecen en los anexos de nuestro libro.

De manera especial, al equipo de profesionales que realizó las investigaciones cuyos resultados dan valor a nuestro libro: A Leonel Melo, presidente de la Fundación OMG, quien acogió la idea con mucho entusiasmo, convencido de su potencial impacto social y puso a disposición de la iniciativa su gran equipo de abogados para estructurar el marco legal de nuestra propuesta; a Julio Cedillo, CEO de AON Reinsurance Solutions para México y Centroamérica, AON es el corredor de reaseguros más grande del mundo y nuestro aliado estratégico internacional más importante; Eduardo Reinoso, Cofundador y asesor científico de la firma ERN de México, por su valiosa contribución; Roberto Despradel – Socio y CEO de la firma DASA, quien profundizó hasta lograr un capítulo revelador sobre la dimensión del impacto económico que tendría una catástrofe mayor en República Dominicana; y, Carlos Nieto, vicepresidente Técnico de Ros, con más de 30 años en nuestra empresa. Nos acompañó desde el primer día a delimitar el alcance del estudio y escribió el capítulo sobre la problemática de la falta de aseguramiento de las viviendas en nuestro país. También, a Celso Juan Marranzini, presidente del Conep y a César Dargam, vicepresidente Ejecutivo, quienes nos dieron su apoyo inmediato al conocer los detalles de esta iniciativa. A mis socios, Luis y Richard Ros por su respaldo absoluto en la ejecución de este proyecto y a Fátima De la Cruz quien tuvo a su cargo la coordinación, edición y supervisión de todas las actividades relacionadas a esta publicación.

Y, finalmente, a todo el equipo de Ros que, con compromiso y pasión, guía a nuestros clientes en la toma de decisiones acertadas para administrar sus riesgos, asegurando su resiliencia y la continuidad de sus negocios.

Resiliencia es la meta. Y es una labor de todos. El Estado en su rol fundamental de asegurar las condiciones internas para un buen desarrollo de la economía y solucionar los diferentes problemas económicos de carácter nacional, tiene una responsabilidad que asumir. No puede seguir esperando a que las cosas no sucedan cuando tenemos evidencias tan cerca de lo devastador que puede resultar un desastre natural. El sector privado empresarial necesita las garantías para seguir invirtiendo y generar riqueza, y en un punto deben actuar en comunidad para lograr la protección de nuestros sueños, del bienestar alcanzado, por el que hemos luchado tanto.

Para nosotros, constituye un honor y un privilegio poder compartir, de cara a nuestros próximos 50 años, los principales hallazgos y propuestas contenidas en el trabajo aquí presentado. Ha sido un reto colocar la “capacidad de resiliencia nacional“ en el epicentro de la celebración de nuestro quincuagésimo aniversario. Ahora nos queda perseguir el sueño de lograr que igualmente ésta se inserte en la agenda nacional.

La placa del Caribe se extiende desde las Antillas Menores al este, hasta la costa pacífica de América Central al oeste, y desde La Española al norte hasta las costas septentrionales colombianas y venezolanas. El movimiento relativo de las placas tectónicas, caracterizado por incluir estructuras de desgarre y de subducción que resultan en una convergencia oblicua de ambas placas, da lugar a los diferentes regímenes tectónicos que se presentan en la República Dominicana. Hacia el oeste de la isla las fallas Enriquillo-Plantain Garden y Septentrional, ambas con orientación E-W, absorben el componente transcurrente sinestral del movimiento relativo de las placas. Por otro lado, hacia el oriente, se encuentran zonas de subducción en el norte y sudeste de la isla (subducción Norte Hispaniola y Fosa de los Muertos).

Las estructuras principales anteriormente mencionadas se complementan con una serie de fallas inversas adicionales en el centro de la isla que reflejan el movimiento compresivo generado (Bertil et al., 2010). Debido a su localización, estas fallas solo se consideran para definir la amenaza sísmica mas no la tsunamigénica. Para la evaluación probabilista del peligro sísmico en la región, además de las fuentes de subducción, todas aquellas localizadas dentro de una distancia de alrededor de 500km, deben de ser incluidas. La Figura 1.2 muestra los principales sistemas de fallamiento para La Española. De la Figura 1.2 se pueden identificar sistemas importantes de fallamiento tales como la falla del norte de La Española, la falla Septentrional, la falla Enriquillo-Plantain Garden, la zona de la fosa de los Muertos, la falla Hispaniola y la trinchera de Puerto Rico (ECHO et al., 2004; Bertil et ál., 2010). La figura también muestra en rojo las áreas de ruptura aproximadas para grandes eventos históricos en la zona, entre los que se destaca una propuesta de ubicación y tamaño del terremoto de 1751.

El enfoque utilizado para la evaluación probabilista del peligro sísmico (mapas de amenaza) está basado en la propuesta clásica de Esteva (1967) y Cornell (1968), en la cual la zona bajo estudio se divide en una serie de provincias, donde cada una de ellas se asume con características sismo-tectónicas similares. A partir de la caracterización del proceso de ocurrencia de terremotos en cada zona y la cuantificación de las intensidades del movimiento en términos de, por ejemplo, aceleración espectral, es posible el cálculo de las relaciones entre intensidades y probabilidades de ocurrencia en cada sitio de interés. En las Figuras 1.4 a 1.7 se presentan los mapas de amenaza sísmica probabilista en términos de aceleración máxima de terreno (PGA, Peak Ground Acceleration) para diferentes períodos de retorno, 200, 475, 1,000 y 2,500 años (DGODT, 2012). Estos permiten visualizar las regiones donde podrían presentarse las mayores aceleraciones en el suelo.

La zona de mayor amenaza se concentra en la región nororiental de la isla, de forma paralela a la dirección de la falla Septentrional y casi superponiéndose sobre esta (Figura 1.2). Justo es sobre esta zona, comprendida entre la falla Septentrional y falla del norte de La Española, donde han ocurrido un gran número de los eventos históricos importantes. En esta región habita cerca de un tercio de la población total del país.

Se puede apreciar también otra zona de intensidades sísmicas altas en el área que bordea el lago Enriquillo y que coincide con la falla Enriquillo-Plantain Garden que atraviesa todo Haití y termina sobre esta región. El evento de 1911 conocido como sismo de San Bruno se produjo en esta zona.

Como consecuencia del entorno sismo-tectónico en que se encuentra la isla de La Española deben considerarse dentro de las amenazas causadas por fenómenos geológicos, los tsunamis. En este tipo de amenaza, el evento detonante puede ser un sismo, un deslizamiento o una erupción volcánica. En el caso de sismo, la onda se genera normalmente por el desplazamiento vertical de una gran masa de agua a consecuencia del movimiento de la placa tectónica donde se origina el evento. La onda puede viajar por miles de kilómetros e impactar simultáneamente las costas de varios continentes generando daños, destrucción y muerte en las franjas costeras correspondientes (DGODT, 2012).

En la República Dominicana se han presentado sismos importantes que han generado tsunamis de proporciones considerables para el tamaño de las comunidades afectadas. En particular, los eventos sísmicos de 1751, 1842 y 1946 son recordados por haber causado gran cantidad de pérdidas en vidas humanas y, en algunos de los casos, como se comentó anteriormente, por haber provocado la reubicación de las poblaciones afectadas. Es importante tener como referencia este tipo de eventos, dado que permiten entender su potencial destructivo. La Tabla 1.2 presenta una breve reseña de algunos tsunamis históricos importantes que han ocurrido.

Estos dos tipos de desastres naturales se reportan con alta intensidad y frecuencia en la región, fruto principalmente por su ubicación geográfica. Estos no solo afectan pérdidas económicas, sino que afectan las vidas de cientos de miles de sus habitantes.

Para mejor entender el poder catastrófico de estos eventos y la alta incidencia que tienen en nuestra región, solo basta con analizar los diez principales eventos globales de los últimos años según un estudio realizado, cinco de estos diez tuvieron lugar en la región de Centroamérica y el Caribe.

Estos eventos se encuentran liderados por el terremoto de Haití del 2010, con más de 220 mil muertes, evidenciando los riesgos inherentes en las fallas geológicas de la isla Hispaniola. El impacto del terremoto en Haití no sólo afectó la economía en el año en que ocurrió, sino que también tuvo repercusiones en los años subsiguientes, por lo cual los eventos catastróficos tienen la capacidad de alterar el comportamiento futuro de las economías.

El segundo evento de mayor impacto ha sido el terremoto de Nicaragua de 1972 acarreando con 10 mil muertes. Entre los diez eventos catastróficos principales de los últimos años se encuentran también dos huracanes que afectaron a Honduras: en 1974 el huracán Fifí y en 1988 el huracán Mitch, con pérdidas de vidas de 8,000 y 14,600 personas.

Estas son claras evidencias de que nuestra región no sólo tiene alta recurrencia de huracanes y terremotos entre sus desastres naturales, sino que también estos tienen la capacidad de producir daños catastróficos de gran impacto a los países afectados, tanto en vidas humanas como pérdidas económicas.

Por tales razones, el impacto económico de un siniestro estará sujeto a las pérdidas asociadas al desastre mismo, las cuales son pérdidas cuantificables al momento de su ocurrencia, tales como el número de personas afectadas, muertes, daños a la infraestructura y recursos naturales, pero también se encuentran los daños indirectos que incluye el impacto en la actividad económica, el costo de la recuperación de esta, incluyendo el costo de oportunidad. A mayor grado de cobertura de seguros, Ceteris paribus, mayor es la capacidad de mitigar el daño y reducir los costos indirectos de la recuperación. Este costo de oportunidad, o lo que en seguros se conoce como lucro cesante, es de difícil cuantificación en términos agregados en la economía, por lo cual los impactos totales calculados en siniestros de gran magnitud pueden estar subvalorados, particularmente en los períodos subsiguientes al evento.

La baja cobertura de seguros en muchos de los países de la región es particularmente visible en el caso del terremoto de Haití del 2010, donde apenas representó un 2.5% de los daños totales. Si tomamos en consideración que las pérdidas totales del siniestro equivalieron al 67.5% del PBI haitiano, se puede tener una apreciación de la gran carga que esto representó para el estado haitiano, para los operadores económicos de dicho país, y para los habitantes en general. El impacto del terremoto en términos económicos repercutió en los años siguientes, como bien reflejan las cifras de crecimiento de Haití, a pesar de alto flujo de ayuda internacional.

De acuerdo con las cifras publicadas por EM – DAT, es evidente que los niveles de cobertura de seguros para terremotos en muchos de los países de la región de Centroamérica y el Caribe son bajos. Al realizar un análisis de estos eventos durante las últimas décadas, cuando el daño por el terremoto superó el 10% del PBI del país, los porcentajes de cobertura de daños fueron inferiores al 20% del total de los daños.

notas aclaratorias:

Total de daños estimados (en 000 US$ en el valor del año de ocurrencia, ajustado por inflación): Un valor de todos los daños y pérdidas económicas directa o indirectamente relacionadas con el desastre. La información puede incluir las cifras desglosadas por sectores: Social, Infraestructura, Producción, Medio Ambiente y otros (cuando estén disponibles). Ajustados por el índice de precios al consumidor, para tomar en cuenta la inflación acumulada a 2021.

Pérdidas aseguradas (en 000 US$ en el valor del año de ocurrencia, ajustado por inflación): Daños económicos que son cubiertos por las compañías de seguros. Ajustados por el índice de precios al consumidor, para tomar en cuenta la inflación acumulada a 2021.

% del PBI: Cálculos de DASA tomando el PBI corriente correspondiente al año del evento de los países según el Banco Mundial y el total de daños estimados en el año ocurrido.

En lo que respecta a huracanes en la región de Centroamérica y el Caribe, al realizar una compilación de los eventos del 1998 al presente, para aquellos cuyo impacto ha sido igual o mayor del 5% del PBI del país afectado, se registran 14 eventos, siendo el de mayor impacto el huracán María en Puerto Rico. El Huracán Maria tuvo lugar en el 2017 con vientos superiores a los 240 km/h, se registraron 64 muertos y los daños económicos representaron aproximadamente el 66% de su PBI. Esto representó daños que superan los US$75,000 millones de dólares. Puerto Rico, a diferencia de muchos de los países de la región, cuenta con una mayor penetración de cobertura de seguros en su economía, por lo cual el 44% de estos daños estuvieron cubiertos por estos. Estos niveles de cobertura contrastan con las cifras del huracán Mitch en 1988 donde en Honduras causó daños equivalentes al 60% de su PBI, pero solamente contaron con una cobertura del 4% de dichos daños.

Al analizar en más detalles estos 14 eventos, se puede concluir que en siete de ellos la cobertura ajustada de los seguros fue inferior al 5% de los daños totales. Esto evidencia que, si bien este tipo de riesgo tiene un potencial de gran impacto económico en los países de la región, los niveles de cobertura tienden a ser bajos, con escasas excepciones.

Peligro y Exposición: Esta dimensión de INFORM captura eventos peligrosos que podrían ocurrir y las personas que podrían estar potencialmente expuestas a ellos. Se compone de dos categorías: peligros naturales y peligros humanos

Vulnerabilidad: Esta dimensión de INFORM mide la susceptibilidad de las personas a los peligros potenciales. Capta la fragilidad de los sistemas socioeconómicos y las fortalezas de las comunidades, los hogares y las personas para enfrentar una situación de crisis. La dimensión se compone de dos categorías: vulnerabilidad socioeconómica y grupos vulnerables.

Falta de capacidad de afrontamiento: Esta dimensión de INFORM abarca la falta de recursos disponibles que puedan ayudar a las personas a hacer frente a eventos peligrosos. Tiene en cuenta las fortalezas institucionales y de infraestructura para hacer frente a la crisis y recuperarse de ella. La dimensión se compone de dos categorías: falta de capacidades institucionales y falta de capacidades de infraestructura y sistemas.

Relacionados con el Clima - Riesgo: El modelo INFORM también se puede utilizar para el análisis de peligros específicos. Dicho análisis podría centrarse en un peligro específico o considerar un grupo específico de peligros. De esta manera, el modelo podría usarse para un análisis del riesgo de desastres relacionado con el clima. A los efectos de este análisis, se han vuelto a calcular la dimensión de amenaza y exposición y el índice de riesgo de LAC-INFORM incluyendo cuatro componentes de la categoría de amenaza natural solamente: inundación, ciclón tropical, degradación ambiental y sequía, y epidemias.

De igual manera, el Hurricane Risk Index de Latinoamérica (índice de riesgo de huracanes en Latinoamérica y el Caribe), el cual se basa en el número estimado de personas expuestas a ciclones tropicales (vientos y marejadas ciclónicos) por año, coloca a la República Dominicana en las principales posiciones entre los países con mayor nivel de riesgo. De veintitrés países que se clasifican en este índice, la República Dominicana ocupó la cuarta posición, únicamente superado por Bahamas, Antigua & Barbuda y Cuba.

A lo largo de la historia de República Dominicana, seis eventos catastróficos han permanecido en la memoria histórica de los dominicanos, tres de estos vinculados con terremotos y tres con huracanes. Nos referimos a los terremotos de Santiago de 1562, el de Azua de 1751, el de Samaná de 1946, y a los huracanes San Zenón de 1930, David de 1979 y Georges de 1998.

En diciembre de 1562, un fuerte terremoto destruyó casi por completo la villa de La Vega así también a Santiago, tomándose la decisión de mover ambas demarcaciones. En La Vega, lo único que quedó en pie fue una parte de la fortaleza, que aún hoy se puede observar. De la catedral apenas quedó en pie una columna y parte de los cimientos. En 1751, Azua fue destruida, y el terremoto también afecto el Seibo, provocó daños en Santo Domingo, Puerto Príncipe y en Croix-des- Bouquets en Haití. Este sismo afectó todo el sur de la isla, y también se produjo un maremoto. Mas recientemente en 1946, un sismo produjo un tsunami, causó daños en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santo Domingo. Se estima que unas 1,200 personas murieron, tomando en cuenta que era una zona escasamente poblada, las construcciones de casas y de otra naturaleza eran de madera y tablas de palma, techadas de cinc o cana, pone en perspectiva el potencial impacto de un evento similar con los actuales niveles de densidad poblacional.

La ubicación geográfica de República Dominicana, entre diferentes fallas geológicas, hace que estos potenciales eventos catastróficos representen un riesgo inherente hacia el futuro, que se potencializan con el crecimiento poblacional, y los aumentos de las densidades en las ciudades. Esto no solo tiene una huella importante en los eventos sísmicos, sino también en los eventos climatológicos como son los huracanes. A manera de ejemplo, la población actual en la República Dominicana es el doble a la población que se tenía cuando el Huracán David, con una mayor concentración poblacional en las grandes urbes, incluyendo las zonas costeras por los desarrollos turísticos de las últimas décadas. En adición, se ha desarrollado y diversificado la producción agrícola, tanto en el campo abierto como bajo ambientes controlados, enfocado tanto para el consumo interno como para las exportaciones.

De igual manera desde la década de los 70 a la fecha, hemos visto un crecimiento importante del país, que ha ido a la par con el crecimiento y los aportes del sector de la construcción dentro del Producto Interno Bruto. Mientras en la década de los 70 el sector de la construcción aportaba al PBI apenas un 5% del total, en la actualidad dicha cifra es mas del doble, llegando a representar en los últimos años entre un 12% y 13% del PBI total.

Por tales razones el crecimiento económico de República Dominicana ha estado muy ligado con el incremento de su infraestructura física, la cual se refleja vía una mayor relevancia del sector de la construcción dentro del PBI. Esto no es algo propio de nuestro país, sino que es sintomático de los países que se encuentran en procesos de desarrollo.

Se le denomina la curva de Bon a la relación de la participación del sector de la construcción en el PBI y el PBI per cápita. En los países en vías de desarrollo esta relación es creciente, es decir, mientras más aumenta el PBI per cápita, mayor es la participación de la construcción dentro PBI. Una vez alcanzado el desarrollo, dicha curva empieza a descender, incrementándose el PBI per cápita y reduciéndose la participación de la construcción dentro del PBI. Como se puede apreciar en el gráfico, nuestro país se encuentra en un proceso de desarrollo, por lo cual el sector de la construcción (desarrollo de infraestructura), juega una parte fundamental en el crecimiento del PBI y del PBI per cápita. Estas inversiones en nuevas infraestructuras tienen a su vez riesgos inherentes por los potenciales impactos de terremotos y huracanes.

Si bien el Huracán María causó daños catastróficos en Puerto Rico, en términos económicos, dos elementos ayudaron a compensar este impacto desgarrador. Primeramente, se trata de un país altamente asegurado. Datos de EM DAT señalan que Puerto Rico tuvo una cobertura de daños de un 44%, es decir más del doble que lo alcanzado durante el Huracán Georges en República Dominicana (20%), y sobre 10 veces a los niveles de cobertura alcanzados durante el Huracán Mitch en Honduras (4%). Estos altos niveles de cobertura permitieron que los pagos de las aseguradoras sirvieran de mitigante para compensar parte de los costos económicos del huracán.

En adición, a diferencia de los países de la región, Puerto Rico, cuenta con la capacidad de recibir ayuda Federal de los Estados Unidos. Las últimas cifras disponibles de FEMA (Federal Emergency Management Agency) señalan asistencias importantes en tres categorías:

1. En lo que respecta a asistencia individual, se realizaron sobre las 475 mil solicitudes de asistencia, por un total de US$1,336 millones de dólares.
2. En la asistencia pública, se asignaron recursos para trabajos de emergencias por un total de US$5,243 millones y en trabajos permanentes se asignaron US$13,403 millones, para un total de US$19,282 millones.
3. En adición, en el programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP), se asignaron US$54 millones de dólares.

En total, en estos tres diferentes renglones se aprobaron sobre los US$20,672 millones en asistencia federal vía FEMA. En términos relativos esto equivale a un 20.1% del PBI de Puerto Rico. Para tener una perspectiva de la cobertura de estas cifras, en el Huracán María se registraron más de 540 mil afectados, y se aprobaron 475 mil solicitudes de asistencia individual bajo programas de FEMA. Es decir que aproximadamente un 87% de los afectados remitieron solicitudes de asistencia a FEMA.

A esto se complementa que de los US$68 billones en daños sufridos por María, el 44% contaba con cobertura de seguros, representando un 29.1% del PBI. Esto significa que al sumársele los aportes de FEMA, se recibieron aportes por daños equivalentes al 49% del PBI% de Puerto Rico. Estas cifras dan una mejor visual sobre la gran cantidad de recursos frescos que entraron¹ a la economía de Puerto Rico luego del paso del Huracán que sirvieron para mitigar su impacto, sin tener que incurrir en deudas, tanto desde el lado privado, como del lado público.

Por el otro lado, con el terremoto de Haití se destaca la baja cobertura de seguros, donde apenas un 2.5% de los daños se encontraban asegurados. Haití, si bien recibió importantes ayudas internacionales, las dificultades logísticas e institucionales, y la magnitud del evento en comparación con las limitaciones de económicas del país, terminaron afectando la capacidad de crecimiento económico hacia el futuro, un mayor desenfoque hacia la definición de una estrategia de desarrollo. Las debilidades institucionales, económicas, y las necesidades sociales, terminaron debilitando la estabilidad política. Si bien no todo tiene su génesis en el terremoto, dicho evento ayudo a acelerar los resultados que hoy presenta Haití en lo económico, lo social y lo político.

El Foro Económico Mundial, publicó a inicios del 2023 un reporte sobre sobre riesgos globales según su severidad desde una perspectiva de largo plazo (10 años). De los 10 principales riesgos identificados, seis estaban vinculados con aspectos medio ambientales, y de estos, tres ocuparon las primeras tres posiciones: 1) Falta de mitigación del cambio climático 2) Fracaso en la adaptación al cambio climático, 3) desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Estos tres riegos se encuentran entrelazados, pero el tercero está directamente relacionado con eventos como las tormentas, inundaciones y ciclones tropicales, los cuales, como bien indican las estadísticas de los últimos 100 años, es donde se concentran las mayores pérdidas por desastres naturales en la región del Caribe y Centroamérica.

Es evidente que los riesgos de pérdidas por estos tipos de eventos se consideran mayores en el futuro de lo que han sido en el pasado, de ahí la importancia de contar con planes de contingencia y las acciones preventivas que permitan mitigar dichos daños una vez ocurran. En el caso particular de nuestro vecino, Puerto Rico, parte de los mitigantes son un alto nivel de cobertura de seguros catastróficos de parte del sector privado, y contar con apoyos federales del gobierno de Estados Unidos, como fueron los apoyos brindados por FEMA. En el caso de República Dominicana, los niveles de cobertura de seguros representan una fracción a los de Puerto Rico, y no se cuenta con programas de apoyo federales.

Es importante destacar que la economía dominicana a lo largo de las últimas décadas ha demostrado altos niveles de resiliencia, robustas tasas de crecimiento económico, mayores niveles de diversificación económica, tanto en los sectores que generan riquezas, como en los que generan empleos. También, hemos visto una mayor diversificación de los generadores de divisas, pasando de pocos productos primarios agrícolas exportados, a una amplia diversidad de productos agrícolas, agroindustriales, e industriales. En adición, se han desarrollado los servicios de exportación, incluyendo el turismo.

Nuestro crecimiento ha venido estrechamente vinculado a los procesos de globalización, al desarrollo de nuestros puertos, aeropuertos, autopistas, carreteras y caminos vecinales. Hemos mejorado profundamente la conectividad tanto interna como externa, lo que ha requerido importantes inversiones en infraestructuras. En adición, se han realizado importantes inversiones públicas en las áreas de salud y educación, así como también en el acceso a electricidad. En la actualidad, la gran mayoría de los dominicanos cuentan con acceso de electricidad en sus hogares, siendo la transmisión y distribución de la misma responsabilidad del estado, vía empresas públicas estatales.

Contamos con una economía mucho más diversificada, pero, a su vez, mucho más interdependiente de las cadenas de suministros locales, de la conectividad interna y externa, de las vías de comunicación, del apoyo de los servicios de telecomunicaciones y electricidad. Toda esta interdependencia crea una alta vulnerabilidad a eventos catastróficos de amplio impacto como fue el Huracán María en Puerto Rico, o el Terremoto de Haití, que afectaron la conectividad de los puertos, el suministro de energía eléctrica, o en el caso de Mitch en Honduras las vías de comunicación interna afectadas por la caída de la mayoría de los puentes.

En República Dominicana, sectores como el transporte ya son uno de los principales dentro del PBI, lo que refleja en gran medida la interdependencia de la conectividad con el resto de la economía. De igual manera, en los últimos años, la construcción ha sido el principal sector de la economía dominicana, lo que demuestra las grandes inversiones que han ido realizando, no solo en infraestructura vial, de salud, y educación, sino también en edificaciones comerciales, apartamentos, con un desarrollo vertical que han transformado los principales centros urbanos del país, principalmente Santo Domingo y Santiago.

Ahora bien, un evento catastrófico en nuestro país como los ocurridos en Haití en el 2010, en Puerto Rico con María, o un evento que impacte nuestro PBI como lo hizo el Huracán de San Zenón, el Huracán David, o los terremotos que impactaron Santiago y Azua siglos atrás y el más reciente en Samaná, su impacto y mitigación, enfrentaría como gran limitante los altos niveles de endeudamiento relativos de la economía dominicana a partir de la crisis financiera internacional del 2008 y luego de la Pandemia del Covid 19.

Al analizar los niveles de endeudamiento público de la economía dominicana durante el Huracán David, estos representaban un 20% del PBI del país, coincidiendo dicha cifra con el Huracán Georges. En la actualidad, los niveles de endeudamiento público superan el 50% del PBI. Por tales motivos, en términos relativos, las autoridades oficiales cuentan con menos holgura para poder hacer frente a estos eventos y aplicar políticas fiscales expansivas para mitigar los impactos de los daños potenciales causados por este tipo de siniestros.

De igual manera, la estructura del gasto público es mucho más rígida en la actualidad, de lo que era décadas atrás, teniendo mucho mayor propensión hacia gastos corrientes que hacia gastos de capital. Mientras apenas unos años atrás el 35% de los gastos totales se concentraban en gastos de capital, los cuales incluyen gastos de construcción para infraestructura como son los caminos vecinales, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, entre otros, en la actualidad, dicha cifra ronda el 14%, es decir se ha reducido más de la mitad. Esto otorga a su vez menos discrecionalidad al presupuesto nacional para aplicar gastos para atender necesidades puntuales surgidas por desastres naturales de amplia envergadura como los citados en este documento.

Para mejor poner en perspectiva esta limitante frente a los riesgos de desastres naturales de alto impacto en nuestro país, en el 2021 el gasto de capital ejecutado en el presupuesto general del estado representó el 2.3% del PBI. Es decir que todo el gasto de capital ejecutado equivalió al 2.3% del Producto Interno Bruto de dicho año, cifra que se ha comportado de manera similar en los años anteriores y no se espera que, con la actual estructura tributaria, cambie en el futuro cercano.

Ahora bien, el impacto del Huracán María en Puerto Rico representó el 66% del PBI. Incluye daños a la propiedad privada como hoteles, hogares, cultivos, industrias, así también daños a la infraestructura pública, tales como el tendido eléctrico, acueductos, puentes, carreteras, y demás. Si bien es complejo segregar dichos daños en públicos y privados, las cifras de las reclamaciones a las compañías de seguros y las cifras de solicitudes de asistencia a la Federal Emergency Management Agency (FEMA) podrían ser ilustrativas.

Primeramente, Puerto Rico goza de una penetración de seguros relativamente alta en comparación con República Dominicana. De acuerdo con datos de EM-DAT, el 44% de los daños estuvieron cubiertos por las compañías aseguradoras. Estos niveles de cobertura permitieron a los propietarios de casas, apartamentos, comercios, industrias, hoteles, y demás poder reconstruir y reparar sus propiedades, así también permitiéndoles reponer las marchas de los negocios. En nuestro país, el último evento de gran impacto fue el Huracán Georges, donde el 20% de los daños estuvieron cubiertos por las empresas de seguros.

Esto podría estar indicando que, en términos relativos, la penetración de los seguros catastróficos en Puerto Rico es más del doble que en República Dominicana. Por tales razones, un evento como María en República Dominicana tendría menores flujos de pagos de reaseguros, con menores impactos en la recuperación económica de los sectores privados afectados, y, por ende, mayores presiones recaerían en la política fiscal para asistir en la reconstrucción de pequeños negocios, así como propiedades de los quintiles más pobres del país.

Segundo, el Estado Asociado de Puerto Rico se encuentra bajo la sombrilla del gobierno federal de Estados Unidos, y, por ende, del FEMA. Las últimas cifras publicadas por esta agencia federal indican que en Puerto Rico se crearon aprobaciones y montos obligados totalizando US$20,672 millones. Al comparar esta cifra con los daños totales estimados en la base de datos de EM-DAT, equivalen a un 30.5% del total de daños. Esta cifra es altamente significativa, pues el estado de Puerto Rico en lugar de tener que hacer frente a una serie de daños a través de una reorientación de los gastos públicos o vía un aumento del gasto apoyado con endeudamiento, la agencia federal aportó importantes recursos frescos que ayudaron a mitigar el impacto del siniestro, asistiendo a un proceso más acelerado de recuperación.

Retomando el argumento del bajo margen de gasto discrecional con que cuenta el estado dominicano, para hacer frente a desastres naturales de alto impacto, el 2.3% de gastos de capital con relación al PBI, contrasta con los montos recibidos en Puerto Rico reportado por FEMA que equivalieron al 20.1% del PBI del Puerto Rico. Esto equivaldría a 10 años de gastos de capital para hacer frente a las necesidades que requirieron en Puerto Rico bajo el Huracán María.

Con los bajos niveles de penetración de seguros catastróficos en el país, unidos a la ausencia de agencias supranacionales para hacer frente a los daños, el estado dominicano únicamente tendría como alternativa mitigar los impactos socioeconómicos de una catástrofe de tal envergadura vía el endeudamiento público. Sin embargo, con los actuales niveles de endeudamiento del país con su relación al PBI, las decisiones de políticas públicas serian difíciles y complejas, pues pondrían a prueba las capacidades de nuevos financiamientos junto con presiones sociales.

Mientras por un lado del espectro tenemos a Puerto Rico, donde un evento catastrófico como el Huracán María provocó daños equivalentes al 65.8% de su Producto Bruto, pero que fueron mitigados por la alta penetración de seguros patrimoniales catastróficos y por el apoyo de agencias federales de los Estados Unidos, por el otro tenemos a Haití, cuyo terremoto del 2010, produjo daños económicos equivalente al 65% de su PBI, donde los impactos económicos fueron mucho, mucho mayores. Primeramente, apenas el 2.5% de los daños económicos causados estaban asegurados, en comparación con una cobertura del 20% en República Dominicana en el Huracán Georges. Segundo, el tipo de evento, al tratarse de un movimiento telúrico, afectó las infraestructuras de Puerto Principe, las cuales, por una serie de factores, incluyendo niveles de pobreza como debilidad institucional, afectaron de forma abrumadora a la población, los sectores productores y a las autoridades estatales. El impacto económico del terremoto aún persiste una década después, y, a pesar de las ayudas internacionales recibidas, aceleró el deterioro institucional de Haití.

Para fines de ilustrar el potencial impacto económico de huracanes como Maria en Puerto Rico, Mitch en Honduras, o los terremotos como los de Nicaragua y Haití, presentamos el siguiente escenario bajo el supuesto de daños equivalentes al 60% del PBI de República Dominicana.

Bajo este escenario, los daños alcanzarían los U$56 mil millones, asumiendo una cobertura de seguros similar a la del Huracán Georges equivalentes a un 20% del total de los daños, se tendrían aportes de compañías de seguros por US$11 mi millones, quedando un monto descubierto de US$45 mil millones, equivalentes al 48% del PBI.

Si bien estos montos incluirían daños tanto a bienes públicos como privados, como se pudo ver de la experiencia de Puerto Rico, existe una gran demanda de asistencia pública a daños y pérdidas privadas. Esto pondría grandes presiones a las autoridades oficiales y a la distribución de recursos presupuestarios para mitigar el impacto del siniestro. Ahora bien, gran parte de la flexibilidad presupuestaria viene dada por los gastos de capital, que tienden a ser discrecionales. En tal sentido, en el 2021 los gastos de capital ejecutados totalizaron US$2,159 millones, es decir que apenas cubren un 5% de los daños totales no cubiertos por seguros en ese escenario. Si partimos que el estado tendrá presiones para reparar infraestructura y para aportar asistencia social, la redistribución de los gastos de capital y el reenfoque de gastos corrientes discrecionales no serán suficientes, requiriendo el incremento del endeudamiento público.

En tal sentido, la pandemia del Covid-19 ilustra el impacto de un choque de demanda y oferta que requiere mayor involucramiento del estado, vía política fiscal. En un período de dos años, el estado se vio en la necesidad de incrementar el endeudamiento público con relación al PBI en un 10%, en lugar del 2% que venía haciendo de forma histórica. En términos netos, se podría indicar que el Covid-19 impactó en un incremento de la deuda pública de un 8%. Como se puede apreciar en el caso de Puerto Rico y FEMA, los aportes fueron por el orden del 20% de PBI.

Esto pone en claro relieve la difícil situación en que se encontrarían las finanzas públicas, con los actuales niveles de endeudamiento público, y la rigidez de las finanzas públicas en términos de la participación de los gastos de capital en los gastos totales.

Históricamente, la relación de primas de seguros cobradas para incendios y aliados, con relación al PBI ha sido de 0.4%, fluctuando + o – 0.1%. En otras palabras, a pesar de que hemos visto un incremento de eventos de alto impacto económico en los últimos años, esta relación no ha cambiado a través de tres décadas, por tales razones es de esperar que, en un evento de mayor impacto como fue el Huracán María, la cobertura de los seguros para los daños incurridos, se asemeje al 20% del total, como fue bien el caso de Georges en el 1998.

En el caso de República Dominicana, desde hace muchos años se aplica un impuesto selectivo ad-Valorem a los seguros de un 16%. En la literatura económica, los impuestos selectivos al consumo tienen entre sus objetivos, desde la perspectiva de las políticas públicas, penalizar las acciones que generan externalidades negativas, como mecanismo de desincentivar su uso y cubrir los costos asociados con su uso, ya sea en el orden individual, social o medioambiental, tales son los casos de juegos de azar o de los cigarrillos, entre otros.

En el caso de los seguros, el impuesto en República Dominicana tiene su fundamento en su fácil aplicabilidad, ya que recae en un puñado de compañías de seguros que hacen la labor de recolección. Este impuesto, sin embargo, encarece la cobertura de los seguros, lo cual desmotiva su uso, más aún en un país que por sus características de riesgos catastróficos, tanto por terremoto como ciclones, tiende a tener primas de seguros relativamente superiores a países que solo cuentan con uno de estos tipos de riesgos. Anteriormente, los seguros de cobertura de riesgos catastróficos se les aplicaba el ITBIS, el cual permitía ser compensado con otros costos asociados con la actividad, sin embargo, priorizando el interés recaudador, dicho impuesto fue sustituido por un impuesto selectivo que no permite dicha compensación.

En adición, el impuesto a los seguros, al ser ad-Valorem, tiene un efecto perverso en momentos que los agentes económicos perciben mayores riesgos y por ende mayor necesidad de tenerlo (es decir luego del paso de un evento catastrófico), ya que las primas tienden a subir, desmotivando a los agentes económicos a que realicen las coberturas correspondientes.

Ahora bien, por su alta efectividad, debido a que el impuesto se recolecta por las empresas aseguradoras al momento de la emisión de las pólizas, dicho impuesto es importante para las arcas del estado. En los últimos 15 años, las recaudaciones por el impuesto selectivo al consumo de seguros han representado el 1.1% de los impuestos tributarios totales. Esto abarca la totalidad de las pólizas gravadas con dicho impuesto. En un país donde mas de 50% de los empleos son generados por actividades informales, se torna retador la recaudación fiscal, quedando una amplia brecha para la evasión. Por tales razones, el estado tiende a ser celoso en eliminar, o reducir impuestos de alta efectividad, aunque los mismos entren en contradicción con la lógica económica. Una alternativa de política pública, por ende, a raíz de los casos llevados a cabo por Guatemala y Jamaica, es la asignación de una parte de las recaudaciones de dicho impuesto a desarrollar programas de mitigación del impacto de estos riesgos catastróficos en las finanzas públicas del estado.

1. La percepción de que este tipo de eventos no ocurrirán. Muchas personas no entienden completamente el valor del seguro hasta que enfrentan una situación donde éste sería necesario. En los últimos setenta y siete (77) años, afortunadamente, los temblores en la República Dominicana han sido de pequeña magnitud, con repercusiones menores en cuanto a los daños a la propiedad, y, el impacto de los grandes huracanes e inundaciones, igualmente, no nos ha afectado con todo el potencial que las amenazas representan. Lamentablemente, esto nos ubica en una “zona de confort” ilusoria, pues, realmente, el país está gravemente expuesto a riesgos de la naturaleza capaces de producir consecuencias de magnitudes desastrosas;
2. Costo del seguro. La percepción general de la población es que el costo de adquirir una póliza de seguro, incluido el seguro para la vivienda, es muy elevado, cuando en realidad, hay opciones que pueden ajustarse a diferentes presupuestos. El seguro a menudo se ve como un gasto adicional, en lugar de una inversión en seguridad y estabilidad financiera. Muchas personas en la República Dominicana tienen ingresos muy limitados, lo que hace que el seguro de vivienda se perciba como un gasto innecesa- rio o inasequible. A esto, debemos sumarle la informalidad laboral y la falta de bancarización que existe en nuestro país, que no le permiten al propietario de una vivienda asumir compromisos de pagos recurrentes estables, como lo exigiría una póliza con pagos mensuales.
3. Regulación. La ausencia de una regulación actualizada con respecto a la exigencia de los seguros necesarios para viviendas bajo régimen de condominio. La Ley 5038 de Condominios data del año 1958 cuando casi todas las viviendas que existían en la República Dominicana eran particulares, existiendo muy pocos edificios de apartamentos. El artículo 11 de esta ley flexibiliza la opción de asegurar o no las propiedades en régimen de condominio al condicionar “a la decisión que tome su consorcio de propietarios” sobre la obligación de emitir los seguros necesarios para proteger el inmueble de manera integral, incluyendo sus áreas comunes. Obviamente, el bajo nivel general de conciencia sobre las consecuencias a las que estamos expuestos, sumado al costo que representan los seguros, son la combinación perfecta para que la mayoría de los condómines en un edificio de apartamentos voten por dejar a un lado la opción de asegurar;
4. Educación financiera. La ausencia de educación financiera y la baja cultura de previsión que conspiran contra la posibilidad de que haya la debida planificación respecto de los riesgos que amenazan la vida, su calidad y los patrimonios personales.
5. Conocimiento de los seguros. La falta de conocimiento sobre los be- neficios del seguro y cómo funciona es un obstáculo significativo para la adquisición de un seguro para la vivienda. Muchas personas no están familiarizadas con los productos de seguros disponibles ni con los riesgos que estos incluirían. Asimismo, existe una falta de mensajes consensua- dos entre los sectores públicos y privados difundidos a la población en general sobre el importante rol que cumplen los seguros en caso de una catástrofe natural.

En conclusión, es imperativo abordar el tema de la falta de aseguramiento de las viviendas en la República Dominicana, con especial atención en las viviendas de apartamentos que representan el principal problema desde el punto de vista de su reparación o reconstrucción en caso de una catástrofe natural u otro peligro. La práctica local de no asegurar de manera integral los edificios de apartamentos, por ejemplo, es, igualmente, uno de los comportamientos comunes que nos conviene solucionar. Son muchas las interrogantes que pudiera generar esta realidad, pero, fundamentalmente, la idea es tener muy claro con cuáles recursos contaremos cuando ocurra el desastre y tengamos que buscar albergue indefinido, auxilio sanitario y alimentación a miles de familias desamparadas quienes, además, queden descapitalizadas o imposibilitadas de financiar una nueva vivienda para poder recuperar la calidad de vida que tenían antes de perderlo todo. Abordar estos factores es crucial para mejorar la seguridad y la resiliencia de las viviendas en el país.

La red de distribución eléctrica nacional, por otro lado, es imprescindible para que los más de 6,000 MW instalados en la República Dominicana puedan ser debidamente transmitidos. Todas las torres, cables y subestaciones que la componen en todo el territorio nacional, propiedad del Estado y operadas por éste, carecen de protección alguna mediante programas de seguros o mecanismos alternos de financiamiento del riesgo, estando sensiblemente expuestas a daños por huracán, terremoto o tsunami, y un impacto sobre las mismas ocasionaría grandes disrupciones en el recurso eléctrico y, por ende, en los niveles de producción y de servicios, sin mencionar el efecto masivo en los hogares. En consecuencia, la preponderancia de la energía eléctrica en el funcionamiento del país y su fragilidad por la mencionada vulnerabilidad de las redes de transmisión, son motivo para que hayamos incluido este componente entre los elementos prioritarios a atender.

Por último, y no por ello menos importante, merece singular atención la falta de una estrategia para enfrentar la crisis de gran magnitud que produciría la destrucción de miles de viviendas, de manera súbita, durante una gran catástrofe. La población dominicana es el principal recurso que mueve al país y, por ende, no podemos escatimar en los niveles de protección mínimos necesarios. En el Censo Nacional de Población y Vivienda, 2022 se calcularon 10.7 Millones de habitantes ocupando 3.7 millones de viviendas, y de estos hogares sólo se estima que un 4% cuentan con algún tipo de seguro, lo que supone una desprotección económica total en un 96% de todas las unidades familiares en el país.

En el mundo de las posibilidades, todo puede pasar y hay que pensar siempre en el peor escenario como punto de partida para las estrategias de solución correspondientes. En el contexto de los tres ejes antes mencionados y abordados en este estudio, nuestro inventario de exposiciones incluye aproximadamente 5,500 Kms de líneas de transmisión eléctrica, otros 5,500 Kms de carreteras, sin contar caminos vecinales y otras vías, más una cantidad de puentes que supera las 1,000 unidades; pero, además, los dominicanos residimos en un total 3.7 Millones de viviendas, según el censo nacional realizado en el 2022. Todo ello es parte del progreso que hemos acumulado y que representa los pilares de la futura evolución social, productiva y económica del país. Nuestro mayor error sería pensar que “nada va a pasar”, estando nuestra ubicación en la mera ruta de los peores huracanes, y durmiendo tranquilos sobre fallas tectónicas voraces.

En resumen, nuestras propuestas para atender cada una de las tres mencionadas áreas de riesgo, son las siguientes:

I. Infraestructura Vial. Para la infraestructura vial (carreteras, puentes, túne- les, pasos a desnivel, distribuidores, etc..) recomendamos evaluar la contratación de un seguro de Obras Civiles Terminadas que cubriría los costos de reparación o de reconstrucción de estas estructuras si resultasen dañadas o destruidas, principalmente por la ocurrencia de un terremoto, huracán, tsunami o inundación. También podría contemplarse la contratación de un seguro paramétrico, que, en los últimos años, se ha venido considerando como un mecanismo de transferencia de riesgos apropiado y aceptado mundialmente para este tipo de exposición.

II. Líneas de Transmisión y Distribución (T&D). Para este tipo de bienes, es muy escasa la oferta de seguros tradicionales de Todo Riesgo como el de Obras Civiles Terminadas que citamos anteriormente. Por ello la contratación de un seguro paramétrico basado en la velocidad del viento, sería la solución mas adecuada para cubrir las pérdidas de los cables y torres instalados para la transmisión y distribución de la electricidad en todo el territorio de la República Dominicana. Las subestaciones pertenecientes a las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) podrían asegurarse correctamente mediante una póliza tradicional de Todo Riesgo de Propiedades.

Concomitantemente a la evaluación de la contratación de los seguros antes expuestos para estos tipos de bienes, es necesario hacer una revisión exhaustiva de las actuales estructuras y procesos de respuesta al desastre y, además, pensar en la posible creación de los mecanismos legales necesarios y confiables que permitan una adecuada ejecución. En adición a esto, recomendamos revisar la ley 147-02 de Gestión de Riesgos para incorporar en ella o en sus reglamentos, los mecanismos de transferencia de riesgo que autorizaría el Estado para cubrir cada una de las exposiciones a pérdidas materiales de las diferentes estructuras públicas.

La República Dominicana cuenta con varias entidades para gestionar las situaciones derivadas de desastres naturales; sin embargo, su acción se ve limitada a momentos de crisis y bajo circunstancias puramente reactivas. Basado en ello, también es necesario revisar esas importantes oportunidades de mejora con miras a elevar nuestra capacidad de respuesta ante catástrofes naturales.

Para financiar los mencionados y necesarios seguros, la propuesta es derivar su coste del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de 16% que ya están pagando los asegurados en sus pólizas. No viene al caso comentar sobre el contrasentido que representa penalizar con un ISC un servicio financiero que mejor requiere de un incentivo para motivar la protección del patrimonio personal e institucional de los dominicanos, pero su existencia nos da la oportunidad de utilizar parte de ese oneroso impuesto para que el gobierno pueda adquirir las coberturas necesarias que amparen las vías públicas y líneas de transmisión, minimizando la obligación de acceder de manera reactiva a fondos públicos y nuevos financiamientos, reservando así dichos recursos para otros renglones no menos importantes como serían la salud, alimentación, entre otros elementos sociales y demográficos.

Para viabilizar esta propuesta se proponen, además, dos alternativas que se pueden implementar tanto de forma independiente como complementarias:

• Que sea promulgada una ley especial disponiendo un porcentaje de los ingresos recaudados por el Estado a partir del ISC (sector Seguros) para ser destinado al Fondo Nacional de Prevención y Mitigación (contenido en la Ley No. 147-02 de Gestión de Riesgos); y proponer en dicha ley que el fondo sea utilizado para la adquisición de los seguros ya mencionados con el objetivo de proteger los componentes de la infraestructura del Estado (vías públicas y líneas de transmisión eléctrica) que se hayan identificado; y/o
• Diseñar un mecanismo de mercado a partir del cual el Estado pueda adquirir los mencionados seguros que procurarían proteger su infraestructura utilizando las partidas del Presupuesto Nacional que hayan sido previstas para responder a los casos de desastres naturales y calamidades públicas.

III. Vivienda. El tercer renglón que hemos identificado donde el sector privado puede formar equipo con el Estado para contar con un mecanismo de respuesta al desastre, es en el ámbito de la vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables y las clases menos pudientes de la sociedad. Para ello, recomendamos la creación de un fideicomiso filantrópico que funcione como receptáculo de donaciones internacionales y de otros aportes, con el único fin de apoyar la reconstrucción y reparación de los daños materiales sufridos por dichos hogares causados únicamente por la ocurrencia de catástrofes naturales. Esto tiene varias implicaciones, a saber:

• Incorporación y gestión de la institución por parte del sector privado con un asiento en el Consejo para el sector público.
• Contar con un comité técnico para el diseño de las políticas de inversión y empleo de los fondos con un reglamento interno que establezca los mecanismos para la solución de empates, reglas flexibles de convocatoria para decisiones ágiles y mecanismos efectivos de suplencia.
• Permitir que tanto personas e instituciones locales y extranjeras puedan realizar aportes directos al Fideicomiso.
• Creación de una estructura que permita al fideicomiso beneficiarse de las ventajas fiscales de una asociación sin fines de lucro y, al mismo tiempo, confiera la confianza que éste debe generar.

Además de la solución mencionada mediante la creación del fideicomiso filantrópico para la vivienda de los sectores mas vulnerables de la sociedad, debemos emplear los esfuerzos necesarios para que las personas vean el seguro como una necesidad y no como un gasto. La educación de la población sobre la importancia de asegurar sus viviendas contra terremotos es crucial para minimizar las pérdidas y daños que estos desastres naturales pueden ocasionar. Es imperativo que la industria aseguradora ofrezca productos más asequibles y accesibles destinados a cubrir no solo los daños directos causados por los terremotos, sino también los incendios que a menudo se derivan de estos eventos. Además, es necesario impulsar la legislación que modifique la Ley de Condominios para que se exija, como mínimo, la cobertura de las áreas comunes y los equipos esenciales para la habitabilidad de los edificios después de un siniestro.

La banca también puede colaborar significativamente en este propósito al asegurar el valor completo de las edificaciones con préstamos hipotecarios y comprometerse a la indexación del valor asegurado en el tiempo, manteniéndolos actualizados durante todo el período del préstamo. Asimismo, los bancos pueden servir como un mecanismo de concientización para sus clientes, promoviendo la necesidad de adquirir un seguro complementario al ofrecido por el banco, con el fin de asegurar el valor no financiado de su propiedad mientras dure el préstamo. De esta manera, se garantizaría una recuperación más rápida y efectiva, protegiendo tanto a los propietarios individuales como a la comunidad en general.

Los modelos a seguir existen y las soluciones están planteadas; sólo nos queda el ejercicio de la voluntad conjunta, público y privada, para llevar a cabo las medidas necesarias que coloquen nuestra capacidad de resiliencia en un nivel mínimo apropiado y ajustado a las exposiciones reales que enfrentan la infraestructura vial, las redes de distribución eléctrica y las viviendas de la República Dominicana.

A continuación, el documento preparado por el equipo de abogados de OMG que resume las estructuras de inversión y las alternativas legales para la consecución de nuestra propuesta.

1.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA

• Se propone la incorporación de un fideicomiso filantrópico para recaudar y canalizar fondos de manera ordenada a los sectores que se identifiquen como damnificados en caso de un desastre natural. El fideicomiso será desarrollado con el capital privado y gestionado por entes privados, donde se le otorgará un asiento con voz al sector público. Los aportantes tanto locales como extranjeros podrán realizar los aportes directos al Fideicomiso.
• El fideicomitente del Fideicomiso será una asociación sin fines de lucro (en lo adelante, “ASFL”) conformada por los entes privados interesados en participar y los beneficiarios del mismo, las asociaciones sin fines de lucros independientes, en coordinación con los entes del Estados competentes en cada caso.
• Se propone la creación de un comité técnico para el diseño de las políticas de inversión y empleo de los fondos, con un reglamento interno que establezca: (i) mecanismos de solución de empates; (ii) reglas flexibles de convocatoria para decisiones ágiles; y, (ii) mecanismos efectivos de suplencia. Los miembros deben ser personas con conocimiento técnico y experiencia relevante.

1.2 OBJETIVO

• Presentar la estructura legal idónea para un fondo de contingencia de desastres naturales.

1.3 PREMISAS

• El proyecto se desarrollará con capital privado y será gestionado por entes privados.
• Se otorgará el equivalente a un asiento con voz, pero sin voto al sector público.
• La estructura estará diseñada para recaudar y llevar fondos de manera ordenada a los sectores que se identifiquen como damnificados en caso de un desastre natural.
• La estructura sólo manejará activos líquidos.

1.4 CONSIDERACIONES LEGALES: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

• El artículo 56 de la Ley 189-11 establece los fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos, que son fideicomisos sin fines de lucro cuyo obje- to es el mantenimiento y preservación de patrimonios culturales, tales como museos, o la promoción y fomento de la educación, o la ejecución de labores filantrópicas de cualquier tipo, entre otros. Estos fideicomisos tienen el mismo tratamiento fiscal que las asociaciones sin fines de lucro, es decir una exención impositiva general.
• El artículo 287, literal i) del Código Tributario Dominicano (en lo adelante, “CTD”) establece que las donaciones “efectuadas a instituciones de bien público, que estén dedicadas a obras de bien social de naturaleza caritativa, religiosa, literaria, artística, educacional o científica” son admisibles como deducción al impuesto sobre la renta (en lo adelante, el “ISR”), hasta el 5% de su la renta neta imponible del ejercicio¹.
• El artículo 50 de la Ley 122-05 establece que las organizaciones sin fines de lucro, una vez cumplidos los requisitos legales para su constitución y sean autorizadas a operar en el país, gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros. Conforme el artículo 56 de la Ley 189-11, este tratamiento sería extensivo a un fideicomiso filantrópico.
• El artículo 20 de la Ley 25-69 establece que están exentas del impuesto las donaciones hechas a instituciones de caridad, beneficencia o de utilidad pública reconocidas por el Estado.

1.5 CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS

• Un fideicomiso filantrópico ofrece mayor nivel de credibilidad y permite tercerizar la gestión de los recursos. Sin embargo, tiene un costo (en la forma de la comisión por servicios fiduciarios).
• Es necesario diseñar un mecanismo que haga verdaderamente exigibles los aportes a quienes se comprometan a efectuarlos.
• El comité fiduciario del fideicomiso requerirá una estructura de gobernanza robusta, que le permita sesionar y deliberar rápidamente (incluyendo de forma remota); especialmente en casos de desastres naturales.
• Se recomienda tener aprobadas por el comité:
  • Una política de inversión, que rija el uso de fondos mientras no es necesario emplearlos, incluyendo los primeros gastos y su procedencia.
  • Una política de empleo de fondos, que clasifique incluya al menos:
    • El mandato de la estructura, detallando la forma en que empleará los fondos. Esto puede ser para construcción de infraestructura nueva o reconstrucción/reparación de infraestructura deteriorada.
    • Definiciones y clasificación de los siniestros, incluyendo la delimitación de cuáles están cubiertos y cuáles no; o bajo qué circunstancias.
    • Definición y clasificación de sectores económicos vulnerables, incluyendo la delimitación de cuales están cubiertos y cuáles no; o bajo qué circunstancias.
    • Definición de las formas o canales a través de los cuales la estructura empleará los fondos en los escenarios previstos en la Política.
• Los fondos pueden canalizarse de dos (2) formas:
  • Cuando se destinen a donaciones a entes privados, la estructura podrá ejecutar donaciones en una forma fiscalmente eficiente.
  • Cuando se destinen a la reconstrucción de infraestructura pública, en coordinación con la entidad correspondiente. Para esto, la entidad gubernamental deberá organizar una licitación pública conforme la Ley 340-06 para contratar el ente privado que hará la reconstrucción. La estructura puede proveer el financiamiento (sea en forma de préstamo o donación) para esta licitación.
• En principio, la Ley 340-06 establece que aplica para procedimientos de compras o contrataciones ejecutados por entes públicos con fondos públicos; y que no aplica para acuerdos de préstamos o donaciones con entidades de derecho público internacional. Dado que la estructura no se trata de una entidad de derecho público, no podría aprovecharse de esta excepción. Sin embargo, nada impide que la estructura done los fondos para la reparación de infraestructura necesaria mientras que el ente correspondiente del Estado maneja el proceso de licitación.
• Cabe señalar que, en caso de declaratoria de estado de excepción, conforme el artículo 262 y siguientes de la Constitución, o en los casos establecidos en la Ley 340-06, podrían aplicarse procedimientos de excepción más expeditos que una licitación pública ordinaria.

1.6 ESTRUCTURA² - PRÓXIMOS PASOS

1. Incorporación de una ASFL que fungirá como fideicomitente.
2. Creación de un fideicomiso filantrópico, en conjunto con una fiduciaria.
3. Designación de un Comité Fiduciario, que apruebe las Políticas de Inversión y de Empleo de Fondos:
   3.1. Definición de beneficiario en caso de que se reciban los fondos.
   3.2. Selección de los integrantes del comité fiduciario.
4. Identificación de aportantes locales y extranjeros:
   4.1. Diseño de lista de posibles aportantes locales, especialmente grandes industrias privadas.
5. Identificación de ASFLs locales relacionadas con mitigación de desastres para el empleo de fondos (ante la ocurrencia de un siniestro) y ejecución de acuerdos de colaboración:
   5.1. Decisión sobre si la reconstrucción de viviendas será uno de los usos posibles de fondos. Esta actividad puede hacerse de forma completamente privada.

1.7 CONCLUSIONES

1. La estructura más óptima para la creación y operación del fondo es un fideicomiso filantrópico, dado que cuenta con todas las ventajas fiscales de una ASFL y permite aprovechar la confianza que genera una fiduciaria.
2. El comité técnico o fiduciario del fideicomiso debe tener una composición impar; con un reglamento interno que establezca:
   • Mecanismos de solución de empates, si hubiere;
   • Reglas flexibles de convocatoria de modo que pueda sesionar y decidir rápidamente (y de forma virtual) en caso de desastres naturales;
   • Mecanismos efectivos de suplencia.
3. En adición a esto, el comité técnico o fiduciario del fideicomiso debe ser conformado por personas con conocimiento técnico y experiencia relevante, así como de buena reputación, para asegurar que el uso de fondos sea óptimo y percibido como tal. En este órgano, puede otorgarse asiento con voz, pero sin voto a un representante del o de los entes relevantes del Estado dominicano.

Conclusiones y recomendaciones preliminares

• Bajo cualquiera de las alternativas propuestas, el Estado tendrá una opción o mecanismo para responder directamente a los daños que puedan afectar la infraestructura pública (i.e., puentes, carreteras y vías de acceso) en caso de ocurrencia de desastre naturales, en la medida en que contaría con la cobertura de los seguros especiales propuestos. Lo anterior implica transferir el riesgo inherente a estos daños del Estado a las compañías de seguros.
• Se precisa que las soluciones propuestas son compatibles con el marco legal existente de conformidad con la Ley 147-02 de Gestión de Riesgos y con los objetivos del Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Res- puesta ante Desastre;
• Ambas alternativas permiten posicionar seguros especiales para la protección de la infraestructura pública;
• En el caso de la alternativa A se garantiza mayor permanencia de la solución en el tiempo;
• En el caso de la alternativa B su implementación puede resultar más rápida y presentar menos trabas o retos burocráticos;
• Las alternativas propuestas no son excluyentes, por lo que vemos que podrá considerarse la implementación de la alternativa B, mientras se agota el proceso legislativo que ameritaría la alternativa A; y,
• En otro orden, de cara a organismos internacionales, también podrá explorarse la propuesta estratégica de estos seguros especiales, como alternativa o instrumento legal para la canalización de donaciones a favor del Estado Dominicano en casos de daños como los antes comentados.

A continuación, se presentan los tipos de seguros paramétricos más comunes:

Paramétrico simple: entre este tipo de seguros se encuentran los conocidos como “cat-in-a-box” que, aunque son sencillos para la operación y entendimiento, pueden presentar una baja correlación con las pérdidas reales. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un instrumento paramétrico simple que corresponde a una versión del bono catastrófico del año 2006 de terremoto para México.

En el caso del bono catastrófico de terremoto para México, se establecieron tres zonas (A, B y C) y en cada una de estas se definieron límites tanto de magnitud como de profundidad para los eventos detonadores. El requisito para el pago en este tipo de instrumentos consiste básicamente en que el epicentro del terremoto esté localizado dentro de una de las tres zonas y que se cumplan los requisitos de magnitud y profundidad.

Por otro lado, tenemos como ejemplos de este tipo de seguros, la cobertura para FONDEN 2012 con capacidad de aseguramiento por $315 mdd por 3 años, considerando tres notas en el mercado de capitales, una para terremoto y dos para huracán. Asimismo, otro Cat-in-a-box indemnizó al Gobierno de México el 50% de la suma asegurada por el Huracán Patricia el cual llegó a ser de categoría 5 registrado por la NOAA.

Otros ejemplos de seguros paramétricos simples son aquellos que tienen como disparador el valor de la intensidad del evento natural, registrado en instrumentos de medición, o calculado en sitios específicos utilizando modelos computacionales.

Paramétrico doble: adicionalmente al paramétrico simple existe la necesi- dad de comprobar la existencia de una pérdida económica (ej. interrupción o disminución de ingresos, daños físicos, entre otros) o daños materiales a consecuencia del evento o fenómeno natural.

Pérdida modelada: este tipo de seguro paramétrico se sustenta en un modelo robusto y completo para la estimación probabilista de pérdidas. En este caso la pérdida calculada con el modelo constituye el disparador, si la pérdida mo- delada (no real) supera un umbral predefinido se realiza el pago, por lo que en la medida que el modelo computacional cuente con mejores bases técnicas, el riesgo base será menor y el seguro paramétrico será más confiable.

Cuando se cuenta con un portafolio distribuido geográficamente en un área extensa (como puede ser la infraestructura que pertenece a un gobierno), una medida puntual del evento detonante (como en el caso de los paramétricos tipo “cat-in-a-box”) puede no ser suficiente para la correcta indemnización de las pérdidas.

El riesgo de este tipo de modelo responde a modelos no suficientemente sofisticados e información incompleta o no actualizada o no cierta.

Un ejemplo en este tipo de seguro es el CCRIF, el cual es un pool de riesgos para países del Caribe y Centroamérica, establecido por el Banco Mundial en 2007 a través de pagos a gobiernos nacionales ante catástrofes que generan cierto nivel de pérdidas dentro del modelo predefinido.

Otro ejemplo de este tipo de seguro es el paramétrico digital por terremoto, que refiere sobre todo a intensidades modeladas, el cual incluye 3 niveles de pago en función a la intensidad modelada de cada sismo (por ejemplo, 5%, 40% y 55% de la suma asegurada de hasta $1 millón de pesos). Este seguro cubre contenidos, cristales, gastos extraordinarios, daños a la vivienda o local comercial, sin importar si eres dueño o rentas el inmueble.

En términos generales, el proceso es el siguiente: se identifica la ocurrencia del sismo, se reciben las intensidades computadas por un software, mediante un algoritmo independiente computa las intensidades en cada punto geo-referenciado (intensidades locales) en función de la altura del edificio donde están los bienes asegurados, se procesa la reclamación a la aseguradora y por último se procesa el aviso para que el asegurado reciba el pago antes de 30 días.

La unidad que se utiliza para medir la intensidad o aceleración es el “Gal”, debido a que las aceleraciones son proporcionales a las fuerzas que actúan sobre las estructuras.

Una de las ventajas de este seguro es que el detonador basado en intensidad local logra una reducción significativa en el riesgo de base, mejorando el precio y la probabilidad de pago.

Por último, es importante referir que este tipo de seguro paramétrico digital es el primero a nivel mundial en canalizar pagos de forma automática en tan sólo 3 días, derivado del sismo que tuvo epicentro en Acapulco, Guerrero el pasado 7 de septiembre de 2021, el cual diferenció la intensidad generada en función a la altura de los edificios en tres tipos: edificios bajos de 1 a 3 pisos, medios de 4 a 7 pisos y altos de 8 o más de pisos (5%, 45% y 100% de suma asegurada respectivamente).

Por declaratoria de emergencia: En estos seguros, los detonadores se defi- nen alrededor de declaratorias de emergencia por autoridades imparciales: pandemia, desastres. Un seguro paramétrico de declaratoria es el esquema para apoyar a países que contribuyan ante una pandemia, mismo que consi- dera declaratorias de la OMS.

Los seguros paramétricos tienen grandes beneficios, tales como menores costos de operación, ajuste y adquisición, así como la posibilidad de cubrir bajo este esquema de seguros aquellos bienes que se encuentran excluidos de los seguros tradicionales, tales como los bienes a la intemperie o campos de golf en zonas de costa, así como cubrir deducibles y sublímites de programas tradicionales y restricciones de capacidad en algunos programas o regiones (por ejemplo: hoteles beachfront).

Entre las bondades para quien adquiere este tipo de seguros se encuentra la posibilidad de recibir flujo de efectivo al poco tiempo en que se presenta una situación adversa originada por un evento catastrófico que detona el pago y la posibilidad de utilizar dichos recursos a discreción, es decir, de acuerdo con la necesidades y prioridades que se tengan.

Las principales ventajas de los seguros paramétricos:

• El corto período de tiempo que se requiere para recibir una indemnización (generalmente algunos días), en comparación con los seguros tradicionales que tardan algún tiempo en el proceso de ajuste de pérdidas y pago de indemnizaciones.
• Permite realizar “trajes a la medida” sobre un riesgo.
• Ofrece la cobertura sobre diferencias en límites o condiciones para pólizas.

Los retos y áreas de oportunidad de los seguros paramétricos son:

• Al no requerirse un proceso de verificación de pérdidas para el pago de indemnizaciones (ya que este depende de cumplir las condiciones del índice disparador) pueden darse casos en que ocurra el pago de indemnizaciones sin que se presenten daños reales, o casos en que se presenten daños pero no ocurra pago; de aquí la importancia durante el diseño técnico del seguro paramétrico de seleccionar de forma adecuada un índice disparador que presente una buena correlación con las posibles pérdidas esperadas.
• La limitante de establecer una cobertura al 100% de los valores asegurables, por lo que son coberturas limitadas en suma asegurada.
Aun cuando el producto está ligado a fuentes de información públicas, usualmente el mejor “detonador” es una función de estas fuentes, todo esto con el objetivo de reducir el riesgo base para estos productos.

Los seguros paramétricos tienen un impacto importante y benéfico en el sector asegurador ya que, al tener menores costos de operación, adquisición y gestión de las reclamaciones, permite la inclusión de sectores de la sociedad que por cuestiones económicas no les resultaba posible la adquisición de un seguro ante eventos naturales. Este tipo de seguros puede coadyuvar a disminuir la brecha de protección financiera que es especialmente alta en México.

Los seguros paramétricos tienen flexibilidad para la definición del índice disparador a usar en cada producto. Sin embargo, existen diferentes maneras de abordarlo y en cada amenaza habrá casos que presenten una mejor correlación con las pérdidas esperadas, disminuyendo así el riesgo de base, el cual es inherente a cualquier mecanismo de transferencia del riesgo que requiere un detonador para el pago.

Este detonador de pago es determinado en el diseño del producto paramétrico y está ligado a fuentes de información transparentes, generalmente a cargo de instituciones nacionales o internacionales encargadas de reportar información sobre eventos naturales, por ejemplo, en el caso de sismo: el Servicio Sismológico Nacional o el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En adición a lo anterior, se busca utilizar instituciones independientes de las partes interesadas y tener mayor transparencia y certidumbre en los procesos. A la vez la información que reporte este tipo de instituciones (terceros independientes) debe ser fiable, contar con un historial de reporte (track record) de varios años (al menos 20 años) ininterrumpidos y contener una metodología clara de cómo realizan dichas mediciones.

México ha recibido algunos pagos derivados de desastres que históricamente se han presentado, destacando los siguientes:

1. En el año 2015 México recibió un pago por $50 millones de dólares al activarse el 50% de la cobertura paramétrica por ciclón tropical ante el impacto del huracán Patricia.
   En ambos casos la cobertura paramétrica fue contratada por el Gobierno de México con el Banco Mundial, en formato de bono catastrófico, como una estrategia de protección financiera ante eventos naturales de alto impacto.
2. Se recibió un pago de $150 millones de dólares al activarse el 100% de la cobertura paramétrica por sismo ante el evento de magnitud 8.1 del 7 de septiembre de 2017.
3. En 2019, el Huracán Lorena que impactó al Estado de Baja California Sur activó un pago de $60 millones de pesos, siendo este el 30% del límite contratado.
4. En 2020, el Huracán Delta al pasar por Quintana Roo, activó un pago de $17 millones de pesos, correspondiente al 40% del límite del seguro paramétrico de Arrecifes de Corales contratado por el gobierno del Estado de Quintana Roo

Los seguros paramétricos, en su mayoría, son contratos de no adhesión y, al igual que cualquier producto de seguro tradicional, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF).

Es importante que el regulador y el sector asegurador sigan trabajando de la mano en el entendimiento, desarrollo e impulso de los seguros paramétricos, con base en las necesidades de los usuarios, quienes buscan instrumentos simples, fáciles de entender y a costos accesibles, por lo que en la medida en que exista una mayor y adecuada oferta de éstos, las personas podrán acceder a una mayor protección en caso de algún desastre.

Las principales Leyes y Reglamentos que influyen directamente en la correc- ta operación de las aseguradoras y el funcionamiento de los contratos de seguros son:

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF). Esta ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las actividades y operaciones relacionadas con la actividad aseguradora, en protección de los intereses del público usuario.
• Ley Sobre el Contrato de Seguro. Tiene por objeto regular todo lo relativo a la celebración de un Contrato de Seguro, desde la oferta o propuesta hasta su terminación, cancelación o rescisión, así como lo concerniente al siniestro e indemnización.
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Su objeto es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que utilizan o contratan un producto o servicio financiero, ofrecido por las Instituciones Financieras.

No se identifica alguna barrera administrativa o regulatoria. La instancia que regula los seguros paramétricos (como cualquier otro producto de seguro) en México es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde debe registrarse el producto de seguro paramétrico junto con la documentación contractual y la nota técnica que integran el producto.

Para el diseño de productos de seguro paramétrico se requiere contar con un equipo técnico calificado en la modelación de amenazas y riesgos naturales, así como en temas actuariales y financieros para que el seguro paramétrico sea confiable y presente menor riesgo base.

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, por sus siglas en inglés IAIS, recomienda las siguientes consideraciones al respecto:

• Los productos de seguros paramétricos no son seguros de compensación mediante indemnización sino seguros a valor contratado.
• El valor máximo del pago total posible debe especificarse en el contrato.
• El contrato debe especificar claramente la cobertura, y todas las exclusiones; el valor paramétrico debe utilizarse para calcular el pago del siniestro y la frecuencia esperada de dichos pagos. También, debe especificar las fuentes de los datos utilizados en la elaboración del disparador y cualquier fuente o método alternativo que se vaya a emplear para determinar un valor aproximado en caso de pérdida o inexactitud de los datos.
• El cliente debe contar con una participación asegurable del producto por lo que se debe contemplar la posibilidad de un impacto negativo en el asegurado si se produce el riesgo asegurado, el mismo que debe quedar establecido en el contrato.

En cuanto a las consideraciones que debe tomar en cuenta la aseguradora, se enuncia lo siguiente:

• La aseguradora debe preparar un informe actuarial que explique de qué manera se ha minimizado el riesgo base en el diseño del producto.
• Si se prevé contratar un validador independiente de los datos, se requiere un contrato de nivel de servicio con dicho ente independiente que indique:
  • La manera de resolver conflictos respecto de los datos, valores del disparador y beneficios; y
  • Las penalidades que debe afrontar dicha entidad independiente en caso de error.

El disparador o indicador utilizado para fijar el pago por los siniestros debe presentar las siguientes características:

• El indicador debe ser fácilmente observable y medible, y debe quedar claro de qué manera los valores de este impactan los beneficios resultantes.
• El indicador debe ser transparente, objetivo y verificable por fuentes independientes.
• El indicador debe ser un buen predictor del riesgo cubierto; él no debe activar un pago a menos que ocurra el evento de riesgo asegurado.
• Los terceros interesados y los asegurados deben tener acceso independiente a los datos y al cálculo de la compensación.

Esta obra ha sido realizada con contribuciones externas. Las opiniones, interpretaciones y conclusiones aquí expresadas no son necesariamente reflejo de la opinión de Aon y/o ERN, de su Directorio Ejecutivo. Aon y/o ERN no garantizan la exactitud de los datos que figuran en esta publicación. Las fronteras, los colores, las denominaciones y demás datos que aparecen en los mapas de este documento no implican juicio alguno, por parte de Aon y/o ERN, sobre la condición jurídica de ninguno de los territorios, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras.

Elementos del clima

LA TEMPERATURA

Es el mayor o menor grado de calor determinado por la radiación solar (es cuando los rayos solares chocan con la superficie sólida de la tierra y se desintegran molecularmente produciendo calor). Esta se mide con el termómetro en grados Celsius o Fahrenheit y se representa en los mapas por medio de las Isotermas (líneas que unen puntos de igual temperatura en la superficie terrestre). Son importantes en la generación de altas o bajas temperaturas, lo que permite conocer las zonas de temperaturas extremas como generadoras de fenómenos naturales que podrían impactar negativamente el medio ambiente, los recursos naturales y los asentamientos humanos, como heladas, sequías, entre otros.

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Es la fuerza o presión que ejerce sobre la tierra la masa gaseosa. Se mide con un aparato llamado barómetro que marca en milibares. La presión atmosférica es representada en los mapas por medio de líneas llamadas Isobaras que representan presión atmosférica similar. La presión atmosférica es inversamente proporcional a la temperatura ya que “a mayor temperatura menor es la presión, y a menor temperatura mayor es la presión”.

La presión atmosférica es un fenómeno atmosférico que nos puede indicar zonas de altas o bajas temperaturas, así como también comportamientos de la presión que pueden generar otros fenómenos, como cambios bruscos en las temperaturas que a la vez generan tornados, tormentas, entre otros.

LAS PRECIPITACIONES

Son las diferentes formas de caída desde la atmósfera a la superficie terrestre del proceso de la evaporación-condensación-precipitación. Los tipos de precipitación son:

• La lluvia: Es la precipitación en forma de gotas de agua.
• La nieve: Es la precipitación en forma de filamentos de hielo. Para que se produzca, la temperatura debe estar por debajo de cero. En la zona tropical del país no se da la nieve, tanto por la latitud como por la altitud.
• Granizo: Es precipitación en forma esférica y congelada, producto de las bajas temperaturas en la atmósfera. Cuando se produce la precipitación del granizo, generalmente deja de caer lluvia. Este fenómeno natural se puede convertir en desastre para la agricultura, cuando sus efectos son destructivos, como ha pasado en el país, especialmente durante el verano.
• Agua nieve o cellisca: Es el cuarto y último tipo de precipitación. Consiste en una mezcla de agua e hielo durante la precipitación, debido a que las gotas de agua atraviesan una zona de baja temperatura, congelándose parte de ellas en forma de filamentos.

Las precipitaciones se miden con un aparato llamado pluviómetro en milímetros. Las lluvias son representadas en los mapas por medio de las Isoyetas que son líneas que unen puntos de igual pluviometría (ver Figura A-III. 1, mapa de Isoyetas del país).

LOS VIENTOS

Se originan cuando una masa de aire se desplaza desde una zona de alta presión a otra de baja presión. Las zonas de alta presión cuentan con temperatura más fresca, y las de baja presión tienen altas temperaturas. La persistencia e intensidad de los vientos inciden en el comportamiento de otros fenómenos atmosféricos como el desplazamiento de la nubosidad, de la lluvia, entre otros. Los vientos más importantes que afectan nuestro país son:

• Los Alisios: Vientos planetarios que penetran a nuestro país por la región nordeste (de Miches a Puerto Plata). Estos vientos que afectan la región durante todo el año vienen cargados de humedad desde el Atlántico, incidiendo en los niveles de precipitaciones, como se ha planteado en este documento.
• Los Frentes Polares: Vienen desde la zona del polo Norte y afectan la costa norte del país entre diciembre y marzo provocando grandes lluvias en la zona norte, conjuntamente con el oleaje que provoca, afectando al turismo, la agropecuaria, los asentamientos humanos, las vías de comunicación, entre otros. Estas lluvias son asociadas con creencias mágico religiosas, ya que se dice que si llueve los primeros 12 días de enero se pasará el año lloviendo, y si no, los días que llueva serán los meses del año en que se produzcan precipitaciones. Se les conoce con el nombre de nortes o cabañuelas, y son fundamentales para las siembras en la zona norte, especialmente en el noroeste que es la segunda zona seca del país. La influencia de los nortes se deja sentir a todo lo ancho y largo de la isla.
• Ciclones o huracanes: Vientos circulares y destructores que afectan fundamentalmente la costa suroeste del país, entre los meses de junio a noviembre, siendo la época crítica los meses de agosto, septiembre y octubre. Estos vientos, como se planteó anteriormente en este documento, por la incidencia del cambio climático, genera destrucción a la agroproducción, al turismo, los asentamientos humanos, las infraestructuras viales y de comunicación, entre otros, además de producir variaciones estacionales.
• El terral: Viento local que sopla durante la noche desde la tierra hacia el mar por la diferencia de la presión atmosférica.
• La brisa marina: Viento local que sopla durante el día desde el mar hacia la tierra por la diferencia de la presión atmosférica.

El terral y la brisa marina son aprovechados por los pescadores artesanales para desplazarse al mar y retornar, utilizando velas, o en su defecto favoreciendo la corriente marina. Parten en la madrugada para que el terral los impulse hacia el mar, y regresan en la tarde para que la brisa marina los impulse hacia tierra firme.

La dirección del viento se mide con un aparato llamado veleta y la velocidad con el anemómetro.

LA EVAPORACIÓN

Es el proceso mediante el cual el agua se transforma de líquido a vapor por efecto de la temperatura y los vientos.

Los efectos del cambio climático están generando altas temperaturas en la primavera y el verano fundamentalmente, lo que incide en los altos índices de evaporación, condensación y precipitación. Se mide con un aparato llamado Evaporímetro.

Factores que varían el clima del país

El estudio y la medición de los cinco elementos analizados han determinado que el clima de República Dominicana es tropical, el cual tiene factores que producen variación o mejor dicho que producen los microclimas. Estos son:

• La altitud: Esta produce cambios en el clima debido a que por cada 180 metros que se asciende, la temperatura disminuye un grado centígrado. Este fenómeno se conoce con el nombre de “Gradiente Termométrico Vertical”. Esta es la causa de que el país cuente con altas temperaturas en las zonas de bajas altitudes, y de bajas temperaturas en las altas montañas y los valles intramontanos, cuyas temperaturas han estado disminuyendo por debajo de lo normal, fruto del cambio climático. Por ejemplo, en Valle Nuevo (altiplano de mayor altura del Caribe Insular, 2200 msnm.), se registran cada año temperaturas bajo cero grados centígrados durante el invierno, generando formación de escarcha, especialmente en los meses de diciembre, enero y febrero. Son conocidas como heladas, afectando los cultivos de los valles intramontanos de Constanza y Tireo, localizados a 1200 msnm. (esto no es siempre, ocasionalmente).
• El relieve montañoso: Se constituye en factor que varía el clima, cuando los vientos húmedos chocan con este en una ladera mientras la otra ladera no recibe humedad. Este fenómeno produce los efectos de Barlovento y Sotavento:
• Barlovento: Es la parte de la montaña donde chocan los vientos húmedos produciendo lluvias y un clima húmedo. Los mejores ejemplos en el país son las laderas orientales de las cordilleras Septentrional o sierra de Monte Cristi y la Central, que son de las zonas más húmedas del país con micro clima Tropical Húmedo de Bosque, así como también la ladera noroeste de la cordillera Oriental o sierra de El Seibo y Los Haitises.
• Sotavento: Es la parte de la montaña que no recibe los vientos húmedos y por lo tanto se producen pocas lluvias y el clima es seco. Los ejemplos son las laderas noroeste y suroeste de las cordilleras Septentrional o sierra de Monte Cristi y la Central, que son zonas de microclima seco estepario.
• Los vientos: Estos varían el clima al aportar humedad y bajas temperaturas en las zonas donde circulan. El mejor ejemplo lo son los Frentes Polares que producen descensos en las temperaturas en los meses de diciembre a marzo, siendo las más bajas temperaturas registradas en las altas montañas y los valles intramontanos.
• La insularidad: Como la isla La Española o de Santo Domingo es larga y estrecha (650 kilómetros de largo, de este a oeste, desde cabo Engaño en Dominicana, hasta cabo Iroís en Haití; y, 285 kilómetros de ancho, desde la isla Alto Velo en el sur, a cabo Isabela en el norte). Esto permite que reciba las influencias de los mares vecinos a lo largo y ancho, produciendo cambios significativos en el clima (ver mapa Figura A-III. 2).

Clima y microclimas de República Dominicana

Por la localización geográfica del país, al ubicarse entre los 17o- a 20o- de latitud norte, esto es en la zona tropical, su clima es Tropical. Por los efectos analizados anteriormente, los microclimas del país son cuatro:

MICROCLIMA TROPICAL HÚMEDO DE BOSQUE

Se caracteriza por tener temperatura media anual superior a 25 grados centígrados, pluviometría mayor a 1,200 milímetros y vegetación de bosque húmedo. Se localiza en los principales sistemas montañosos de la región nordeste y este del país. Este microclima se localiza en zonas del país de riesgos de inundaciones.

MICROCLIMA TROPICAL HÚMEDO DE SABANA

Se caracteriza por tener temperatura media anual superior a 25 grados centígrados, pluviometría entre 900 y 1,200 milímetros y vegetación de sabana o gramínea. Se localiza en los principales llanos costeros y valles del país. Después del microclima Tropical Húmedo de Bosque, este es el segundo de mayor riesgo de inundaciones del país.

MICROCLIMA SECO ESTEPARIO

Se caracteriza por tener temperatura media anual superior a 26 grados cen- tígrados, pluviometría menor a 900 milímetros y vegetación seca o xerófila, la que se caracteriza por tener hojas pequeñas para disminuir la evaporación del agua, o la sustituye por espinas para que el agua de los tallos no se eva- pore y las plantas puedan soportar largas estaciones sin lluvia o sequía. Se localiza en la línea noroeste y la región suroeste del país. En este microclima es donde se producen las sequías más desastrosas del país (ver Figura A-III. 3 mapa índice de aridez).

MICROCLIMA ALTITUDINAL O DE MONTAÑA

Erróneamente llamado Templado Húmedo por algunos autores (este concepto no aplica porque el país no se ubica en zona templada), se caracteriza porque la temperatura disminuye con la altura por efecto del Gradiente Termométrico Vertical, la pluviometría es mayor a los 1000 milímetros y la vegetación es de bosque de conífera, que en nuestro país lo representa el pino occidental, especie endémica del país, ubicado en las alturas de nuestras montañas. Se localiza a partir de los 500 m.s.n.m., específicamente en las altas montañas y valles intramontanos como Constanza, Jarabacoa, Tireo, El Tetero, Bao, Ma- cutico, Zona del pico Duarte, Valle Nuevo, entre otras (Figura A-III. 4, mapa climático de Dominicana).

Situación actual de los efectos del clima al territorio dominicano

Como se ha podido comprobar en el análisis del clima del país, este, conjun- tamente con sus efectos que está generando el cambio climático, produce efectos desastrosos a los recursos naturales, el medio ambiente, las infraestructuras y los asentamientos humanos, cuyo proceso se ha acelerado en las últimas décadas, con pérdidas cada vez más millonarias, obligando al Estado Dominicano, al incremento de políticas y acciones encaminadas a la reducción de riesgos y desastres, y la adaptación al cambio climático.

La hidrografía de República Dominicana como generador de desastres naturales

Históricamente, las aguas han sido un importante recurso natural, atractivo y recurso turístico, así como también un generador de desastres naturales. La Geografía estudia la distribución de las aguas sobre la superficie terrestre a través de su especialización llamada Hidrografía, la que se auxilia de la Hidrología. Además de determinar sus múltiples usos, también analiza sus efectos, tanto positivos, como negativos.

LA HIDROGRAFÍA: Es la parte de la Geografía Física que tiene por objeto estudiar la distribución de las aguas sobre la superficie de la Tierra. Las aguas, tanto terrestres como marinas, distribuidas sobre la superficie terrestre constituyen importantes recursos naturales que la Geografía ayuda a su cla- sificación y uso sostenible a través de una adecuada planificación. Para su estudio, la hidrografía clasifica las aguas en cuencas, existiendo en el país los siguientes tipos de cuencas:

Cuencas marinas

Son las áreas territoriales bañadas por mares y océanos. En nuestro país existen dos:

La cuenca del Océano Atlántico: Se localiza en la costa norte y cuenta con importantes potenciales turísticos y ecoturísticos como son sus playas paradisíacas, sus fondos marinos con colonias de corales y peces multicolores para la pesca y el buceo deportivo, sus aguas para los deportes acuáticos, sus cayos como los de Monte Cristi y Samaná, sus hermosas bahías como las de Manzanillo y Samaná y los galeones hundidos en sus aguas desde la época colonial. También sus puertos para el comercio de exportación e importación (Manzanillo, Puerto Plata y Samaná); las marinas para el turismo de yatismo (club náutico de Monte Cristi, Ocean World en puerto Plata, pequeña marina en la bahía de Luperón y Puerto Bahía en Samaná), así como los puertos de cruceros (Amber Cove Cruise Center y Taíno Bay en Puerto Plata y zona de atraque de Cayo Levantado en Samaná). Además, las áreas protegidas submarinas son potenciales de un futuro promisorio para el Turismo Sostenible del país, citándose como importantes en la costa norte la Submarina de Monte Cristi, los cayos Siete Hermanos y la de Estero Hondo. Los Santuarios Marinos bancos de La Plata, La Navidad y la Bahía de Samaná, famosas áreas protegidas por las migraciones anuales de las ballenas jorobadas, las que vienen durante el invierno a aparearse y reproducirse en estas aguas cálidas, convirtiéndose en un importante tour que ha contribuido a dinamizar la economía de Samaná, en los meses de enero a marzo.

La cuenca marina de la costa norte del país tiene cuantiosas inversiones en infraestructura turística, comercial, entre otras, cuyos riesgos por inundaciones, terremotos, tormentas y ciclones tropicales son inminentes.

La cuenca del Mar Caribe: Se localiza en la costa sur y cuenta con potenciales similares o superiores a la anterior, además de importantes islas como la Saona, Catalina y Beata. Como potenciales turísticos, ecoturísticos, comerciales y de asentamientos humanos de la cuenca del Caribe se citan las extraordinarias playas de Bávaro-Punta Cana, Juanillo, Bayahibe, Guayacanes, Boca Chica y Pedernales, entre muchas otras. También las áreas protegidas como la parte marina del parque nacional del Este, submarino La Caleta, la parte marina del parque Jaragua, los barcos museos hundidos para el buceo deportivo de Bayahibe, Guayacanes y La Caleta, entre otros.

En materia de infraestructura de puertos comerciales se citan los puertos de Haina, Andrés, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona y el de Pedernales, usado básicamente para exportar bauxita y agregados, suspendidos en este momento.

También cuenta con importantes marinas para el turismo de yatismo como Cap Cana, Punta Cana Resort and Club y Casa de Campo de La Romana. Puertos de turismo de cruceros como Sansoucí y Don Diego en Santo Domingo, La Romana. Al igual que la cuenca marina de la costa norte, la de la costa sur cuenta con grandes inversiones de puertos, puertos de cruceros, marinas, infraestructuras en playas y asentamientos humanos costeros, cuyos riesgos más comunes son los ciclones, las tormentas tropicales y las inundaciones (ver Figura A-III. 5 mapa de los polos turísticos).

Cuencas lacustres

Son las áreas drenadas por lagos y lagunas y sus afluentes. El país cuenta con las cuencas lacustres del lago Enriquillo y la laguna de Rincón o Cabral, localizadas en la Hoya de Enriquillo; laguna Saladilla en Monte Cristi; Redonda y Limón en el llano costero o litoral de Miches; laguna de Oviedo en el Procurrente de Barahona; la Gran Laguna en el llano costero o litoral de Nagua-Boba; y, la laguna de Gri Gri en Río San Juan, Promontorio de Cabrera. Constituyen ecosistemas llamados humedales, de alto interés ecológico, ecoturístico, productores de alimentos, entre otros aportes.

Sus mayores riesgos son generados por las inundaciones, afectando la agroproducción y los asentamientos humanos (ver Figura A-III. 6, fotos del aumento del nivel del mar del lago Enriquillo por los efectos del cambio climático).

Cuencas fluviales o de ríos

Son las áreas drenadas por un río principal y sus afluentes. En el país existen más de 20 cuencas fluviales o de ríos, siendo cuatro las más importantes.

as principales cuencas fluviales o de ríos de la costa norte-nordeste de república dominicana

La forman los ríos Masacre o Dajabón (es río binacional por ser trazado fronterizo, tiene el famoso salto y balneario de Loma de Cabrera, aporta agua potable a su cuenca, además de tener varios balnearios); Chacuey (tiene una represa del mismo nombre para irrigar parte del valle del Cibao occidental, además de contar con balnearios); Yaque del Norte; Bajabonico (aporta agua potable a la población de su territorio, del llano costero de Bajabonico, tiene importantes balnearios, así como también los famosos 27 charcos de Damajagua que cuentan con un proyecto de Ecoturismo de Aventura Comunitario); Camú de Puerto Plata (aporta agua potable y tiene balnearios de interés y uso turístico en el llano costero de Puerto Plata y la cordillera Septentrional o sierra de Monte Cristi); Yásica (aporta agua potable a los pueblos y comunidades de la cordillera Septentrional o sierra de Monte Cristi y el llano costero de Yásica por donde se desplaza, saltos de uso ecoturístico como el de Arroyo Grande, así como balnearios famosos); Boba (aporta agua potables a varias comunidades del llano costero Nagua-Boba, cuenta con buenos balnearios y en su desembocadura forma una laguna con bosque de mangle declarada como área protegida con el nombre de La Gran Laguna o Perucho); Nagua (aporta agua potable a las comunidades establecidas en su territorio del llano costero de Nagua-Boba, cuenta con balnearios, así como con un dique en su desembocadura, próximo a la ciudad de Nagua, para control de inundación por encontrarse en una desembocadura que está bajo el nivel del mar); y, el río Yuna.

Las principales cuencas fluviales o de ríos de la costa suroeste de república dominicana

La integran los ríos Pedernales (binacional al ser parte del trazado fronterizo); Nizaíto (aporta agua potable y para riego al seco municipio de Oviedo y a la ciudad de Paraíso de Barahona, además de tener importantes balnearios); Yaque del Sur; Ocoa (aporta agua potable, canales de riego al valle intramontano de San José de Ocoa y a la provincia de Peravia, además de contar con balnearios); y, el Nizao. La cuenca del río Nizao es una de las más importantes del país desde el punto de vista político, económico, social y geopolítico, por cuanto cuenta con tres presas hidroeléctricas (Valdesia, Aguacate y Jigüey) y el contraembalse de Las Barías, los que generan energía, el contraembalse para canales de riego, agua potable, balnearios, saltos y cascadas, pesca de subsistencia, entre otros beneficios. Valdesia cuenta con un acueducto que aporta una cantidad significativa (28%) de agua potable al Gran Santo Domingo, de manera que la importancia de esta pequeña cuenca es determinante para el desarrollo del país y su metrópolis.

las principales cuencas fluviales o de ríos de la costa sureste de república dominicana

La forman los ríos Haina, Ozama, Higuamo, el Soco, Chavón, Yuma, Maimón de Nisibón, Nisibón y Yabón. La cuenca de Haina aporta agua potable al Gran Santo Domingo, además de contar con importantes balnearios y pesca de subsistencia; la cuenca del Ozama aporta agua al Gran Santo Domingo, pesca de subsistencia, balnearios y en su río se encuentran los puertos de cruceros como Sansoucí (Puerto Madre), Don Diego y Ozama (usado para el Ferry Puerto Rico-Santo Domingo), y una pequeña marina en la margen oriental; la cuenca del Higuamo aporta agua potable a ciudades como Hato Mayor del Rey, San Pedro de Macorís, Consuelo y otras comunidades, además de contar con importantes balnearios y pesca de subsistencia; la cuenca del Soco aporta agua potable a la ciudad de El Seibo y otras comunidades, además de contar con gran cantidad de balnearios y saltos de importantes potenciales como el del río Seibo y el del Cucuyo; la cuenca del río Chavón aporta agua potable a la ciudad de La Romana, tiene importantes balnearios, la marina de Chavón en su desembocadura, una terraza espectacular donde se construyó la ciudad de los artistas Altos de Chavón, además de realizarse tours turísticos en sus aguas; la cuenca del Yuma aporta agua potable a las ciudades de Higüey, Yuma y Boca de Yuma, cuenta con balnearios y próximo a su desembocadura se estableció un atracadero en la época de la colonia por Ponce de León para la exportación de azúcar, ganadería y madera preciosa, y en la época contemporánea se utilizó por muchos años como atracadero para la celebración de una competencia internacional de pesca; la cuenca de Maimón de Nisibón aporta agua potable a comunidades de Nisibón de Higüey, tiene importantes balnearios, y en su desembocadura forma una laguna litoral con un importante bosque de mangles que ha sido convertida en área protegida, realizándose tours ecoturísticos desde los destinos turísticos de Bávaro, Punta Cana y Uvero Alto; la cuenca del río Nisibón tiene balnearios y en su desembocadura tiene un bosque de mangle de importancia para el Ecoturismo; la cuenca del Yabón aporta agua potable a importantes comunidades rurales, tiene un salto espectacular que recibe el mismo nombre y balnearios muy usados en el turismo interno, como recreación.

Situación actual de los recursos hidrográficos

Los recursos hidrográficos, especialmente los litorales o playas, constituyen hoy por hoy el recurso turístico más ofertado e importante del país. Lamentablemente algunos de estos recursos están en un progresivo deterioro debido a la deforestación, el inadecuado uso de las playas con uso abusivo de botes y lanchas a motor, desperdicios sólidos como alimentos, aguas negras, la destrucción de la vegetación, especialmente el mangle litoral, trayendo como consecuencia que las corrientes litorales arrastren las arenas de las playas (está ocurriendo en las playas del este a un ritmo acelerado), la destrucción de corales para aumentar la capacidad ocupacional de las playas (se destruyen así las barreras naturales y las corrientes arrastran la arena), como fue el caso de Playa Dorada de Puerto Plata, donde se ha construido el complejo turístico más costoso de la costa norte de país. A este se unen los efectos del cambio climático con las invasiones de las macro algas sargazos a las playas y zonas costeras del país y el Gran Caribe, así como también de la desaparición de la arena de las playas por el aumento global del nivel del mar y la muerte de los corales por el aumento de las temperaturas.

Por suerte, con la política de certificación de playas Bandera Azul, como estrategia de marketing turístico, esta situación de deterioro de las playas ha ido mejorando, ya que para certificar las mismas los requisitos son muy estrictos. En este momento (2022) en el país se han certificado más de 20 playas como Bandera Azul.

Otra dificultad que está afectando las playas y las barreras coralinas es el efecto del cambio climático, ya que al aumentar la temperatura de los mares los corales se blanquean y perecen, de ahí que es una necesidad nacional la implementación de políticas para la adaptación del turismo al cambio climático. Los esfuerzos en este sentido se han iniciado con la Resolución del Congreso Nacional #182-98 que aprueba el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la creación por Decreto Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio; la creación de la Comisión Nacional de Cambio Climático; la elección del país entre las naciones que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) eligió para financiar la adaptación al cambio climático en los sectores del Turismo, el agua y la energía, entre otras acciones.

Para la sostenibilidad del sector turismo, principal generador de divisas al Estado Dominicano y uno de los más importantes empleadores, el país debe luchar contra la falta de planificación, de ordenamiento territorial, del uso inadecuado de los recursos litorales y pesticidas, manejo inadecuado de los sólidos o basura y las aguas residuales, entre otras medidas que detengan el deterioro ambiental, altamente preocupante en el país, a pesar de los esfuerzos de los Ministerios del Ambiente y Turismo, y otras instancias del Estado y ONGs. ambientalistas.

Finalmente, en el caso de las cuencas fluviales o de ríos, el manejo sostenible de cuencas para evitar las inundaciones y su secuela de desastres naturales debe ser una prioridad del Estado Dominicano, con lo que se reducirían las pérdidas humanas y de millones de pesos por la destrucción de las infraestructuras y la agroproducción.

A principios del siglo XX (1910-11) el geofísico alemán Wagener creó su famosa teoría de la “Deriva Continental” donde planteó que los continentes y fondos oceánicos se encontraban formando grandes masas o bloques de rocas que se desplazan hacia diferentes direcciones al encontrarse flotando sobre el manto magmático (estado fusión o viscosidad en que se encuentran las rocas en el interior de la tierra al ser sometidas a grandes presiones y altas temperaturas). En la década de 1960, un grupo de geofísicos ingleses, amparados en la teoría de Wagener crearon la famosa teoría de las “Placas Tectónicas” que enunciaron más o menos de la manera siguiente: “no es cierto que los continentes y fondos marinos están formados por una masa única de rocas, sino por varios bloques o placas que flotan sobre el manto magnético y se desplazan en diferentes direcciones. Las placas están separadas entre sí por líneas de placas o de fallas que son grandes fisuras por donde salen las emanaciones térmicas y magnéticas que dan origen a los sismos o terremotos y volcanes”. A mediados de la era secundaria la placa del Caribe, a la cual, la isla La Española o de Santo Domingo pertenece, recibió presiones laterales de las placas norteamericana y de Cocos o del Pacífico al sur, originando tres líneas de plegamientos que dieron origen al Arco Antillano, el istmo centroamericano y la zona caribe de Venezuela y Colombia.

La primera línea de plegamiento se originó en Yucatán y formó la orogenia occidental de Cuba. La segunda línea de plegamiento surge en Belice y formó las islas Caimán (localizadas al sur de Cuba) y la orogenia del sureste de Cuba, llamada Sierra Maestra. Aquí la segunda se unió con la primera línea de plegamiento y formó la orogenia noroeste, central y oriental de la isla La Española o de Santo Domingo, continuando hacia Puerto Rico, las Antillas Menores y el norte de Venezuela (cordillera Costanera). La tercera línea de plegamiento se originó entre Honduras y Nicaragua y formó la orogenia de Jamaica, del suroeste de la isla La Española o de Santo Domingo y la sierra de Perijá del caribe colombiano.

Estas tres líneas de plegamiento (ver Figura A-IV. 2) se iniciaron a finales de la era secundaria y principios de la era terciaria dando origen a los principales sistemas montañosos de las Antillas Mayores, Menores y la zona litoral caribe de Venezuela y Colombia.

Cuando concluyen las tres líneas de plegamientos en la isla La Española o de Santo Domingo, la misma estaba formada por cuatro islas separadas por canales marinos que se formaron por fallas de hundimiento entre dos líneas de plegamiento. Estas cuatro islas se unieron en el primer período de la era cuaternaria (Pleistoceno), tomando su configuración actual al secarse los canales marinos por sedimentación fundamentalmente.

Las líneas de fallas asociadas al país son más de diez, siendo las más activas la Septentrional (separa el valle del Cibao de la cordillera Septentrional o sierra de Monte Cristi), Enriquillo (separa la Hoya de Enriquillo de la sierra de Baoruco y su continuación haitiana los macizos de La Silla y la Hotte) y la Trinchera de los Muertos (separa la Hoya de Enriquillo de la parte oriental de la sierra de Baoruco y continúa en el mar Caribe al sur del país). Otras son la Hispaniola Norte (se localiza al norte de la isla), Camú (sigue parte del recorrido del río Camú de Puerto Plata y atraviesa la carretera Navarrete-Puerto Plata antes de llegar a la comunidad de Llano de Pérez), Hispaniola (separa el valle del Cibao de la cordillera Central), Bonao (separa el valle de Bonao de la cordillera Central), San Juan-Restauración (separa el valle de San Juan de la cordillera Central), El Cercado (separa el valle de San Juan de la sierra de Neiba), etc.

Todas estas líneas de fallas generan importantes áreas territoriales del país en riesgos de desastres naturales, especialmente terremotos y deslizamientos, aumentando la vulnerabilidad de las mismas, fruto de asentamientos humanos e infraestructuras sin tomar en cuenta los riesgos, producto de no contar los territorios con un ordenamiento territorial adecuado.

Las fosas de América Central y su relación con la sismicidad

Las fosas no son más que grandes profundidades marinas y su origen se debe a dos causas fundamentales:

1. Las formadas entre dos líneas de plegamientos debido al hundimiento que se da entre dichas líneas. En el Caribe existen dos fosas de ésta naturaleza: a) La fosa de Yucatán, la cual se localiza entre la primera y segunda línea de plegamiento del arco antillano. Tiene profundidades superiores a los 6,600 metros por donde salen emanaciones térmicas que originan movimientos sísmicos; b) La fosa de Caimán (antigua Bartlett), localizada entre la segunda y tercera línea de plegamiento del arco Antillano, contando con profundidades superiores a los 4,100 metros. Esta produce importantes movimientos sísmicos fundamentalmente en el Caribe Occidental.

2. Las fosas formadas por líneas de placas. Son las grandes profundidades submarinas que se forman en las fisuras que separan dos placas. En América Central o Media existen dos: a) Fosa de Puerto Rico (antigua Milwaukee), se localiza en la línea que separa la placa del Atlántico de la del Caribe, al nordeste de Dominicana y norte de las costas de Puerto Rico y tiene profundidades mayores a los 8,800 metros, siendo la más profunda de América y la segunda del mundo (la más profunda es la de las islas Marianas al sur de Japón que superan los 11,000 metros de profundidad). Por su enorme profundidad salen emanaciones térmicas que dan origen a los terremotos más destructores del área del Caribe, como el que destruyó las ciudades de Santiago y La Vega en 1561, Azua y El Seibo en el siglo XVIII, y la comunidad de Matancitas de Nagua en 1946; b) Fosa o Trinchera Centroamericana, se localiza entre las placas del Caribe y del Pacífico o Cocos, en las costas pacíficas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tiene profundidades superiores a los 3,300 metros y en ella se producen los terremotos que han destruido las ciudades de Guatemala, El Salvador, Managua, entre otras, además de generar actividad magmática y volcánica submarina.

La geomorfología y sus riesgos

Como planteamos al inicio de este Anexo, la Geomorfología es la parte de la Geografía Física que en síntesis tiene por objeto el estudio del origen y la evolución del relieve terrestre.

La geomorfología del territorio dominicano es diversa, lo que genera, a la vez de interés por la multiplicidad de sus geoformas, diversidad de ecosistemas, microclimas, zonas de vida, y también aumentan los riesgos por deslizamientos, erosión, deposición, inundaciones, entre otros fenómenos naturales y antrópicos (ver Figura A-IV. 5, mapa de rangos de pendientes).

El relieve dominicano lo integran tres cordilleras (Central, Septentrional o sierra de Monte Cristi y Oriental o sierra de El Seibo), cinco sierras (Samaná, Yamasá, Martín García, Neiba y Baoruco), tres regiones cársicas o calizas (Los Haitises, Promontorio de Cabrera y Procurrente de Barahona), cuatro llanos costeros o litorales (del Norte o Atlántico: Bajabonico, Puerto Plata, Yásica y Nagua-Boba, de Sabana de la Mar y Miches, Suroriental o del Caribe y llano costero o Plena de Azua), cuatro valles (Cibao, San Juan, Villa Altagracia y Bonao), una hoya o depresión tectónica (Hoya del lago Enriquillo), valles intramontanos (de la cordillera Central: Jarabacoa, Constanza, Tireo, Rancho Arriba, San José de Ocoa, Catana Matías, Río Limpio, del Bao, del Tetero, Macutico, etc.; de la sierra de Neiba: Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle, Los Pines del Edén y el Guayabal; de la sierra de Baoruco: Polo, Puerto Escondido y La Guázara); islas (Saona, Beata, Catalina, Catalinita, Alto Velo; del lago Enriquillo: Cabritos, Chiquita o Barbarita y la Islita), cayos ( de la Bahía de Samaná, del norte de la península de Samaná, de Los Haitises, de la isla Saona, de Monte Cristi y de Pedernales).

Todas esas citadas geoformas que conforman el territorio dominicano representan un área territorial de unos 48,442.23 km2, donde predominan las orogénicas (origen de las montañas), cubriendo aproximadamente un 67% del territorio. Este indicador del relieve montañoso establece a la vez los rangos de pendientes, representando una pendiente que oscila entre el 16 al superior al 64% un 40% del territorio dominicano, siendo estas pendientes donde el país acumula los mayores riesgos, destacándose los deslizamientos, deslaves, erosión y su consecuente deposición, entre otros.

La mayor cantidad de líneas de falla, y las de mayor riesgo, se localizan en los bordes o límites entre sistemas montañosos y llanuras (valles, valles intramontanos, llanos costeros, Hoya de Enriquillo), así como también dentro de los sistemas montañosos (ver Figura A-IV. 6).

Conclusión

Los estudios anteriores han demostrado que la Geología y Geomorfología son áreas del saber que estudian la dinámica de la estructura física de la tierra, que aportan resultados valiosos que demuestran como se convierten en zonas de alto riesgo, las líneas de placas y fallas que generan sismos de diversas intensidades, los relieves montañosos, los deslizamientos, entre otros fenómenos naturales, acrecentándose los riesgos cuando dichas zonas son ocupadas por asentamientos humanos e infraestructuras viales, presas hidroeléctricas, túneles, entre otras, fruto, fundamentalmente, de la inexistencia de un plan nacional de ordenamiento territorial.